Madrid, sobre todo, pero también la Comunidad Valenciana captaron la sede social de muchas de estas empresas, que se dieron a la ‘fuga’ por la incertidumbre político-económica, la falta de seguridad jurídica y la ola de violencia que se producía por aquel entonces en las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas.

Casi el 54% de las empresas que pegaron la espantada lo hizo a Madrid. Algunas de las más sonadas fueron Naturgy, Bimbo, Inmobiliaria Colonial, Catalana Occidente, Ricoh, Manpower, Cellnex, Edreams, Zurich, Allianz, Planeta, Abertis, Ballenoil, Panasonic o Mitsubishi Electric.

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En cambio, los dos grandes bancos, CaixaBank y Banco Sabadell, optaron por mudarse a la Comunidad Valenciana, donde también se trasladaron las sedes sociales de Idilia Foods (con marcas como Cola Cao o Nocilla), MRW, Banco Mediolanum, Divina Pastora o Pirelli.

Otras regiones que supieron ‘pescar en río revuelto’ fueron el País Vasco, que atrajo a AXA; La Rioja, con Codorníu; Andalucía, donde llegaron Pastas Gallo y San Miguel, o Aragón, con Argal.

Más amenazas que incentivos

Todas estas grandes compañías, así como las varias miles de pymes y empresas familiares que también hicieron las maletas con dirección a otras regiones de España, son las que ahora PSOE y Junts tratan de recuperar para Cataluña.

En el acuerdo entre ambas formaciones para que Sánchez sea reelegido presidente en la próxima investidura se establece que “se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”. Aunque sin más detalle por el momento.

El economista y analista financiero Javier Santacruz cree que, de las dos posibles vías de actuación que tienen el Gobierno y la Generalitat en su mano para lograr este objetivo (la positiva, con incentivos, o la negativa, con amenazas), “veremos más la vertiente de la amenaza que la del incentivo”.

Como recuerda Santacruz, una parte “sustancial” de las empresas que se marcharon tienen un negocio donde la mayor parte depende directamente del mercado local catalán. “Me temo que vamos a ver la antidiplomacia económica, con mucha presión política y mediática, en especial hacia las compañías más ligadas al mercado catalán”, apunta.

Distintas formas de presión

Este economista vislumbra a “un PSOE que va a dar carta de naturaleza al marco independentista y va a adoptar un rol pasivo en la vuelta de las empresas”, cediendo la voz cantante a la Generalitat y los partidos independentistas.

Un grupo de personas frente a la sede de Naturgy. Eduardo Parra / Europa Press

Entre las medidas coercitivas que podrían adoptar para el retorno de la sede social de las empresas, Santacruz enumera tres: eliminar la exención de la que goza la empresa familiar en el impuesto de sucesiones y donaciones; presión a los consejeros de las empresas para que designen a directivos afines al independentismo, o influir mediante el BOE o el DOGC a todas aquellas compañías que operan en negocios regulados, dependientes de la Generalitat y con una extensa clientela en Cataluña.

La presión hacia grandes corporaciones como las anteriormente citadas se instrumentalizará, previsiblemente, “a través de diferentes órganos de influencia: patronatos, foros, patronales o cámaras de comercio”, añade Santacruz.

“¿Qué tipo de incentivos se les va a dar a las empresas?”, denuncian desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CECV). Y prosiguen: “Las empresas no salieron por falta de estímulos, salieron por el mal clima generado, y han tenido oportunidad de establecerse en otras comunidades que ofrecen mayor estabilidad”.

Además, desde la confederación empresarial añaden “el acuerdo alcanzado no frena el anhelo soberanista de Junts. Y, en cualquier caso, que las empresas que huyeron de Cataluña vuelvan no es una decisión que pueda tomar el Gobierno. Depende única y exclusivamente de cada empresa”.

Foment del Treball, a favor

Y por parte de la patronal catalana, satisfacción. Foment ha remarcado que ve de forma favorable esa intención de elaborar “un plan para facilitar y promover el retorno a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

Al respecto, subraya que "en repetidas ocasiones" el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en la necesidad del retorno de estas compañías. Su argumento ha sido que “es en Cataluña donde deben estar”.

A juicio de la patronal catalana, la condición necesaria para ese regreso es "la suma de la estabilidad y la seguridad jurídica". Y que ello favorezca "un clima social y económico que promueva la confianza necesaria para la atracción de inversiones y la mejora de la productividad del país".