La Comisión Europea ha autorizado este lunes a España a aumentar en 5.600 millones de euros su plan nacional de ayudas a la industria electrointensiva. Un régimen cuyo objetivo es compensar parcialmente a las empresas con un elevado consumo de energía por el impacto de los precios del carbono en el aumento de los precios de la electricidad. Se trata de los denominados costes de las emisiones indirectas derivados del régimen de comercio de emisiones de la UE.
El plan español para la industria electrointensiva fue aprobado originalmente por la Comisión el 16 de marzo de 2022, con una dotación de 2.900 millones de euros. Según este régimen, la compensación se otorga a las empresas elegibles mediante un reembolso parcial de los costos de emisiones indirectas incurridos entre 2021 y 2030. La compensación se realiza por los costes de emisiones indirectas incurridos en el año anterior, y el pago final se realizará en 2031.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha notificado a Bruselas una serie de modificaciones al plan original. En primer lugar, un aumento presupuestario de 5.610 millones de euros, que situará la dotación total en 8.510 millones de euros. El motivo de esta revisión es el aumento en el precio futuro de los derechos de emisión de CO2.
Además, España ha introducido un requisito adicional de elegibilidad, según el cual las empresas beneficiarias de ayudas superiores a 30.000 euros deben pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días, de conformidad con las normas nacionales y europeas en la materia.
La Comisión evaluó el régimen modificado con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y, en particular, las Directrices sobre ayudas estatales en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero posterior a 2021.
La conclusión de Bruselas es que el plan español "sigue siendo necesario y apropiado para ayudar a las empresas que consumen mucha energía a hacer frente a los precios más altos de la electricidad y para evitar que las empresas se trasladen a países fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas, lo que resultaría en un aumento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero".
El régimen modificado sigue cumpliendo los requisitos establecidos en las Directrices sobre ayudas estatales. Además, la ayuda concedida "sigue limitándose al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia y el comercio en la UE", según la evaluación del Ejecutivo comunitario.
La medida beneficia a las empresas activas en los sectores que corren riesgo de fuga de carbono, como producción de aluminio, hierro, plomo, zinc, estaño o cobre; fabricación de pasta papelera, papel y cartón, confección de prendas de vestir de cuero, refino de petróleo o varios subsectores del plástico o de la fibra de vidrio.
Estos sectores se enfrentan a importantes costes de electricidad y están especialmente expuestos a la competencia internacional. El importe máximo de la ayuda equivale, por lo general, al 75% de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido. Sin embargo, en algunos casos, la subvención puede ser más elevada para limitar los costes restantes de las emisiones indirectas al 1,5 % del valor añadido bruto de la empresa.
El importe de la ayuda se calcula sobre la base de valores de referencia de consumo eficiente de electricidad, que garantizan que se anima a los beneficiarios a ahorrar energía. Para poder optar a una compensación, las empresas tienen que seguir determinadas recomendaciones de auditoría energética, cubrir al menos el 30% de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono, o invertir al menos el 50 % del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones.
Los beneficiarios deberán cumplir una de esas obligaciones en un plazo de tres años a partir de la concesión de la ayuda.