La presidencia española del Consejo de la Unión Europea y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este miércoles, tras una última maratón negociadora que se ha prolongado hasta la madrugada, un acuerdo final sobre la nueva 'Ley Rider' de la Unión Europea, la primera de este tipo a nivel internacional.
La norma pretende mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo, acabar con los falsos autónomos, y al mismo tiempo dar seguridad jurídica a las compañías.
"Aquellos que han sido considerados hasta ahora erróneamente como autónomos, contarán con una mejor protección laboral y social”, ha asegurado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha liderado el tramo final de la negociación en nombre de la presidencia española.
Desde el ministerio de Trabajo se destaca que la UE se ha inspirado en la 'Ley Rider' española, aprobada en la primavera de 2021 con en acuerdo de los interlocutores sociales. En la votación previa de los ministros de Trabajo de los Veintisiete, la vicepresidenta Díaz se abstuvo argumentando falta de ambición.
Según los cálculos de Bruselas, en Europa hay activas más de 500 plataformas laborales digitales. El sector da empleo a más de 28 millones de personas, una cifra que se espera que aumente hasta 43 millones para 2025. Estas plataformas están presentes en una gran variedad de sectores económicos, como el transporte y la entrega de alimentos o los servicios de codificación y traducción de datos.
Aunque la gran mayoría de las personas que trabajan mediante plataformas digitales son auténticos autónomos, se estima que un total de 5,5 millones de trabajadores están clasificados como independientes de forma incorrecta, lo que limita sus derechos sociales y les condena a la precariedad, sostiene la Comisión. Más de 100 sentencias judiciales en los Estados miembros ya se han pronunciado sobre este problema, en su mayoría reclasificando a los falsos autónomos como trabajadores y a las plataformas como empleadores.
Este es el principal problema que pretende resolver la 'Ley Rider de la UE': garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca el estatus legal laboral que corresponde a su régimen de trabajo real. En este sentido, la norma establece un total de cinco de criterios de control con el fin de determinar si la plataforma es un 'empleador'.
Si la plataforma cumple al menos dos de estas condiciones (por ejemplo si es la que determina la remuneración del trabajador o controla el desempeño de su actividad profesional) se presume legalmente que es un empleador.
La directiva contempla sanciones para las plataformas que incumplan las disposiciones, así como procedimientos administrativos y judiciales a disposición de los trabajadores que se consideran mal clasificados.
La norma pretende además reforzar la transparencia y el control humano de los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones mediante algoritmos utilizados por las plataformas digitales. En este sentido, la directiva impedirá que las plataformas puedan utilizar sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones sobre el estado emocional de las personas trabajadores ni sobre sus conversaciones privadas, así como tampoco de sus datos biométricos.
Cualquier decisión de terminar, restringir o suspender una relación laboral con una persona trabajadora no podrá ser tomada en base a un algoritmo. Los representantes de los trabajadores tendrán acceso a la información completa y detallada sobre los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones utilizados por la plataforma. Además, tendrán que ser consultados cuando se proceda a introducir cambios en esos sistemas.
El acuerdo sobre la 'Ley Rider' de la UE tiene que ser ahora ratificado tanto por los Gobiernos como por el pleno de la Eurocámara.