Los Gobiernos de los 27 han tumbado por sorpresa este viernes el acuerdo que había cerrado la presidencia española (bajo la dirección de la vicepresidenta Yolanda Díaz) con la Eurocámara sobre la nueva 'Ley Rider' de la Unión Europea. Una norma cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo, acabar con los falsos autónomos, y al mismo tiempo dar seguridad jurídica a las compañías.

En teoría, la presidencia tiene que representar los intereses colectivos de los Estados miembros cuando negocia con el Parlamento Europeo, por lo que cuando cierra un acuerdo, lo normal es que sea ratificado sin problemas por el resto de socios. Es muy infrecuente que un acuerdo firmado por la presidencia sea después rechazado por los embajadores de los 27, como ha ocurrido ahora con la 'Ley Rider'.

"Las trabajadoras de plataformas digitales merecen derechos. La directiva impulsada por la presidencia española aseguraba nuevos derechos a 30 millones de trabajadores, pero la ultraderecha y los liberales han impedido su aprobación. Seguiremos trabajando por una vida mejor", ha escrito la vicepresidenta segunda en su cuenta de X.

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También el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que fue el que cerró las negociaciones con la Eurocámara, ha acusado a "los Gobiernos conservadores y liberales de la UE" de impedir la aprobación de la 'Ley Rider' "impulsada por la presidencia española de la UE" y que según ha dicho está "inspirada" en la normativa de nuestro país.

Durante la reunión de embajadores celebrada este viernes en Bruselas, "la presidencia española ha constatado que no tenía mayoría cualificada y ha pasado el expediente a la presidencia belga para que siga avanzando en el tema", ha explicado un portavoz.

Eso significa que Bélgica tendrá que volver a negociar con la Eurocámara un compromiso distinto al de Yolanda Díaz, aunque dispone de muy poco tiempo antes de su disolución previa a las elecciones europeas de junio de 2024. El riesgo de que la norma decaiga de forma definitiva es muy alto.

Entre los Estados miembros que han planteado objeciones al texto de la presidencia española se encuentran Francia, Italia, los Bálticos, Hungría y República Checa, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes diplomáticas.

El principal punto de discordia es la definición de los criterios para determinar si un trabajador es empleado de una plataforma digital y no un autónomo. Con arreglo al acuerdo cerrado entre la presidencia española y la Eurocámara, se establece la presunción de laboralidad si la relación del trabajador de la plataforma cumple al menos dos de los cinco indicadores establecidos en la directiva.

Los Gobiernos que se han opuesto al compromiso de Díaz planteaban endurecer el número de requisitos. Los indicadores en cuestión son si la plataforma determina la cantidad máxima de dinero que pueden recibir los trabajadores; si supervisa la ejecución de su trabajo, también por medios electrónicos; si controla la distribución o la asignación de tareas; si controla las condiciones y horarios de trabajo; y si tiene capacidad para restringir su libertad para organizar el trabajo y normas sobre la apariencia o conducta.

Cuando los Gobiernos de la UE aprobaron su posición sobre la 'Ley Rider' el pasado mes de junio, la vicepresidenta segunda se abstuvo con el argumento de que no era suficientemente ambiciosa y no garantizaba una protección suficiente a los trabajadores de plataformas.