Se trata de una reclamación que abandera la propia CEOE. La patronal ha denunciado esta situación en una carta enviada a finales de mayo a Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior. 

La misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, recoge que, entre 2021 y 2022, "el número de adjudicaciones creció un 77% (de 1.888 a 3.346)". Sin embargo, en términos económicos, en el mismo periodo "la inversión en contratos adjudicados a empresas públicas aumentó casi un 350%, alcanzando los 2.631 millones de euros".

Unas adjudicaciones que se ejecutaron pese a que faltan informes que justifiquen las adjudicaciones, según la CEOE. "Es sorprendente que en el 74,66% de los casos no se haya publicado el informe o estudio económico que justifique el método elegido por el órgano de contratación", avisa la patronal. 

La empresarial española hace alusión a los datos contenidos en el último Informe Anual de Seguimiento 2023, publicado por la Oficina Independiente para la Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OiReSCON). 

En base a esta información, la patronal muestra su preocupación por "el uso excesivo de la prestación interna por parte de la Administración Pública española". 

De hecho, alerta de que "hay un número cada vez mayor de contratos que se adjudican a empresas públicas. Se trata de una mala práctica preocupante que distorsiona la libre competencia y la contratación pública en general". 

La CEOE indica que la "preocupación por el uso excesivo de la prestación interna se ha compartido con las autoridades españolas".

Sin embargo, desde las administraciones "esta práctica ha sido justificada por la urgencia impuesta por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lugar de considerar la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para simplificar y acortar los procedimientos".

Vinculación

Sin embargo, la patronal objeta que "sólo el 30,80% de los contratos in house publicados en 2022 están vinculados a proyectos de ejecución de fondos europeos". Es decir, que el incremento de estas adjudicaciones no tiene el Plan de Recuperación como principal causa. 

Otro problema es que las empresas públicas se quedan cortas de personas para atender sus licitaciones, por lo que "se ven incluso obligadas a aumentar su plantilla contratando a profesionales de empresas privadas, agravando la actual escasez de personal que ya sufre el sector privado".

Así, en términos generales, CEOE entiende que "este problema afecta no sólo a las grandes y medianas empresas, sino especialmente a las pequeñas, frustrando así los objetivos de la UE de promover su acceso a la contratación pública, lo que en última instancia ralentiza y obstaculiza la consolidación del mercado interior".

Cabe recordar que, a estas críticas, se suma que hace años que tanto patronal como sindicatos exigen la indexación de los precios de las licitaciones públicas a la inflación, ya sea de manera parcial o total. Pero, por ahora, el Gobierno se niega ceder a esta posibilidad.