Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, los trabajos para hacer permanentes ambos tributos están prácticamente paralizados. El equipo del Ministerio de Hacienda se muestra muy pesimista sobre poder tramitarlos en este 2024. 

El problema no está en el hecho de ampliar y hacer permanentes ambos tributos, sino en los cambios que plantea el Gobierno a la hora de llevar a cabo esta labor.

Tanto en el impuesto a las energéticas como en el caso del de la banca, el Ejecutivo ha indicado que adaptará ambos a las nuevas circunstancias económicas. Ya no hay precios disparados de la energía ni subidas de tipos de interés. Todo parece indicar que esto se traduciría en un atenuamiento de su impacto sobre el sector privado. 

Esto ha provocado serias desavenencias, sobre todo en el caso del tributo a las empresas energéticas. El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa su intención de mantener las actuales bonificaciones en este (¿futuro?) impuesto si una compañía hace determinadas inversiones, sobre todo en el campo de la transición energética. 

Más 'castigo'

Sin embargo, las formaciones a la izquierda del PSOE se oponen a introducir deducciones. Es más: en Podemos han reclamado al Gobierno que se aumente el castigo fiscal que supone este impuesto. 

En cambio, el PNV está en una postura diametralmente distinta. Reclama que se aumenten las bonificaciones que se incluyan en el futuro impuesto, incluso por encima de lo propuesto por el Gobierno. 

Estos ejemplos indican lo lejos que está el Ejecutivo de aunar apoyos suficientes para sacar adelante estos impuestos en el Congreso. Cabe recordar que, al ser nuevas figuras fiscales, se tendrán que tramitar como proyectos de ley individuales y no se podrían incluir en otros proyectos legislativos, como unos eventuales Presupuestos, indican fuentes fiscales. 

Pese a los problemas que se están encontrando en el Congreso, en el Ejecutivo insisten en que ambos tributos se harán permanentes a lo largo de esta legislatura. 

De hecho, en el Gobierno restan importancia que los impuestos a banca y energéticas puedan no aprobarse a lo largo de este año y sí en 2025. Aseguran que se podrá aplicar sin problema sobre las cuentas de las empresas y que el retraso no provocará problemas formales para su aplicación. 

Tanto el sector bancario como el energético han mostrado su enérgico rechazo a estos tributos. Tanto a sus fórmulas temporales como a transformarlos en impuestos sin limitación en el tiempo. 

Esto ha llevado a importantes disputas con multinacionales españolas como Repsol. La compañía presidida por Josu Jon Imaz (que ha protagonizado encendidas disputas con Teresa Ribera) ya ha amenazado con retirar inversiones de España si se incrementa la presión fiscal que sufren.