Cepyme llama a las empresas a una "defensa activa" frente al "hostigamiento" del Gobierno

"Las pequeñas y medianas empresas españolas, que somos más del 99,8% del tejido productivo, con cerca de 11 millones de empleos, decimos 'basta ya' a la injerencia del Gobierno en la empresa", subraya Cepyme en su manifiesto.

Durante la asamblea, inaugurada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha explicado que este manifiesto trata de denunciar "la situación de ataque" que sufren las empresas, una situación que ha calificado de "injusta" porque "lesiona los legítimos derechos" de la empresa española que ampara la Constitución.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. CAM.

Así, "ante la aprobación continuada de medidas intervencionistas en contra de la empresa española", Cepyme, en representación de la pequeña y mediana empresa, ha lanzado el 'Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa' para reclamar la defensa de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española.

"La reducción de la jornada es sólo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Lo cierto es que está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas. Negociar en estas condiciones resulta muy difícil, a veces hasta nos parece estéril, pero hay que seguir negociando", ha apuntado el dirigente de Cepyme.

Cuerva ha señalado que sólo se podrá hacer frente a esta situación de intervencionismo gubernamental "alzando la voz y levantando la cabeza con orgullo" para reclamar el papel de la empresa española como protagonista en el crecimiento y el progreso de España, en la generación de innovación y en la creación de empleo.

"Voz de empresarios para defender a empresarios (...). Nadie va a defendernos si no lo hacemos nosotros", ha proclamado Cuerva durante su intervención en la asamblea, que ha sido clausurada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

En el manifiesto, con el que se pretende "simbolizar" el "hartazgo" de las empresas a las "injerencias" del Ejecutivo, se precisan las líneas que, en opinión de la empresa, el Gobierno no debería traspasar para no interferir en el buen funcionamiento de la actividad empresarial.

Así, las pymes defienden en el texto la libertad de empresa, piden que cese del intervencionismo por parte del Gobierno y la "estigmatización" que hace de la figura del empresario, y se defiende la obtención de beneficios por parte de las empresas.

Reivindicaciones

"Defendemos la dignidad y la libertad empresarial; denunciamos la situación a la que se nos aboca desde el Gobierno a las pymes españolas; señalamos aquellos ámbitos en los que se nos ataca reiteradamente: desde el diálogo social y la negociación colectiva, hasta la sobrerregulación o los intentos de control de la empresa, pasando por la intervención salarial, los costes sociales o la fiscalidad", ha destacado Cuerva.

El contenido del manifiesto se divide en siete bloques, en los que las pymes claman por la "dignidad" empresarial; el cese del control y la sobrerregulación; el respeto a la negociación colectiva; la no intervención salarial; la flexibilidad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitividad, y el respeto al diálogo social.

"La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador y un cambio de cultura que se está procurando sobre la figura del empresario basada en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios", sostiene el manifiesto.

Para las pymes, el Gobierno debe poner fin a la aprobación de reformas que intervienen en el funcionamiento de la empresa y "hurtan" la flexibilidad necesaria para su desarrollo.

"El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la interlocución entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han remado juntos por la eficacia y el consenso; supone un retroceso hacia fórmulas pretéritas e ineficaces", advierte la organización empresarial.

Cepyme denuncia en su manifiesto que la empresa ha dejado de ser vista como un actor fundamental de la sociedad para ser utilizada "como un instrumento de polarización política".

"La ganancia de rentabilidad y los beneficios son perseguidos y se ha promovido políticamente una desvirtuación de lo que es la actividad empresarial. En base a ella, el Gobierno demanda el control y la intervención de dicha actividad condicionando de forma decisiva la asignación de los recursos empresariales a partir de diagnósticos erróneos y basados en un estereotipado negativo del empresario", sostiene.

Asimismo, la patronal de las pymes insta al Gobierno a renunciar a su política "persecutoria e incriminatoria" hacia el empresario. "El objetivo de las empresas es obtener beneficios. Y esto no debe avergonzarnos. Sólo las empresas con beneficios sobreviven y sólo las empresas con beneficios sólidos pueden invertir, aumentar sus plantillas e incrementar los salarios", afirma Cepyme.

La organización empresarial critica el "goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones" adoptadas en los últimos años por la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario, así como "el alza continuada de cotizaciones sociales que se ha llevado a cabo" y el aumento de la carga fiscal sobre el empresariado.

"Actualmente, el único factor de corrección aplicado a la falta de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social es el aumento de cuotas", advierte Cepyme, que argumenta que las empresas aportan en España un 32,4% de la recaudación fiscal, frente a un 25,8% de media en la UE.

La patronal de las pymes reclama además que acabe "la tutela gubernamental" en la organización interna de las empresas. "La ordenación del tiempo del trabajo, la organización de la producción, su funcionamiento y la toma de decisiones son ámbitos privados de la empresa, cuya resolución sólo le corresponde a la propia empresa y a los trabajadores afectados", defiende.