Procesador Intel Core
El TJUE anula la multa récord de 1.000 millones de euros a Intel por abuso monopolístico
- Bruselas ya ha reimpuesto una sanción muy inferior de 376 millones que también ha sido recurrida por el gigante de los chips.
- Más información: Bruselas vuelve a imponer una multa de 376 millones de euros a Intel por abusos monopolísticos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves de forma definitiva la multa récord de 1.060 millones de euros que Bruselas le impuso a Intel en 2009 por abusos monopolísticos en el mercado mundial de los microprocesadores. En aquel momento, en el que el español Joaquín Almunia era comisario de Competencia, fue la sanción más alta que había impuesto nunca la Comisión Europea.
La sentencia final desestima en su totalidad el recurso de casación presentado por el Ejecutivo comunitario y confirma el fallo en primera instancia del Tribunal General de la UE (TGUE) de enero de 2022. Una resolución que concluyó que el análisis de Bruselas fue incompleto y no demostró de forma suficiente la ilegalidad del comportamiento de Intel.
A la vista del fallo del TGUE, la Comisión -en paralelo a su recurso de casación- volvió a imponer a Intel en septiembre de 2023 una multa mucho más baja de 376 millones. Alegó que el gigante estadounidense puso en marcha entre 2002 y 2007 una serie de prácticas contrarias a la competencia con el fin de excluir a los competidores del mercado. Esta segunda multa de 376 millones también ha sido recurrida por Intel ante la justicia europea y está pendiente de resolución.
En su decisión original de 2009 que ahora ha sido tumbada de forma definitiva, el Ejecutivo comunitario argumentó que Intel había cometido dos tipos de comportamientos ilegales. En primer lugar, la compañía ofrecía agresivos descuentos a cuatro fabricantes de equipos informáticos -Dell, Lenovo, Hewlett-Packard y NEC- a condición de que le compraran a ella la totalidad o la casi totalidad de los procesadores x86.
Además, el gigante estadounidense pagaba a los fabricantes de ordenadores para detener o retrasar el lanzamiento de productos que contenían procesadores x86 de su principal rival (AMD) y para limitar los canales de venta disponibles para estos productos. Unas prácticas denominadas 'restricciones manifiestas'.
En su sentencia de 2022, el Tribunal General anuló la decisión de Bruselas en lo que se refiere a los descuentos, pero confirmó que las 'restricciones manifiestas' constituyen un abuso de posición dominante según las reglas de competencia de la UE. No obstante, el fallo anuló la totalidad de la multa tras concluir que no podía desagregar la parte correspondiente únicamente a las 'restricciones manifiestas'.
Como reacción, lo que hizo el Ejecutivo comunitario en septiembre de 2023 es adoptar una nueva multa de 376 millones contra Intel sólo por estas 'restricciones manifiestas'. Esta práctica se produjo, según Bruselas, entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006 y consistía en pagos realizados por Intel a tres fabricantes de ordenadores (HP, Acer y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos que contenían procesadores de AMD, así como para limitar los canales de venta disponibles para esos productos.