Nuevo aviso de la autoridades europeas, España incluida, a Temu por infringir los derechos de los consumidores. Concretamente, acusan a la plataforma de comercio digital de usar "potenciales descuentos falsos, ventas bajo presión y gamificación de compras", entre otras prácticas no permitidas.
Así lo indican desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado. Los hallazgos fueron realizados por la Red de Cooperación para la protección a Consumidores (Red CPC), que conforman las autoridades de consumo europeas.
La Red CPC ha encontrado "una amplia gama de prácticas a las que se enfrentan los consumidores cuando compran en Temu, incluyendo técnicas que pueden inducir a error a las personas consumidoras o que pueden influir indebidamente en sus decisiones de compra".
A los citados descuentos falsos, ventas bajo presión y la gamificación de compras, se suman información engañosa, reseñas falsas y datos de contacto ocultos.
"Además, la Red CPC también está investigando si Temu cumple con las obligaciones específicas de información de los mercados en línea según la legislación en materia de consumo", añaden desde Consumo.
Medidas coercitivas
Temu dispone de un mes para responder a las acusaciones y proponer soluciones. "En función de la respuesta de Temu, la Red CPC podrá entablar un diálogo con la empresa. Si Temu no responde a las preocupaciones planteadas por la Red CPC las autoridades nacionales podrán adoptar medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento", informa.
Este no es el primer encontronazo de Temu con las autoridades europeas. A finales de octubre, la Comisión Europea (CE) lanzó un expediente sancionador formal contra el gigante chino del comercio electrónico por considerar que podría haber vulnerado la Ley de Servicios Digitales.
En concretó, apuntó que no respetó la legislación digital europea en áreas como la venta de productos ilegales (como medicamentos, productos químicos o juguetes), el diseño potencialmente adictivo del servicio, los sistemas que utiliza para recomendar compras a los usuarios o la denegación de acceso a sus datos para investigadores.
De demostrarse las sospechas de Bruselas, la compañía se enfrenta a multas que podrían llegar al 6% de su volumen de negocios anual mundial registrado el ejercicio anterior.