El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, saluda a la presidenta del BEI, Nadia Calviño, durante la reunión del Ecofin este martes en Bruselas
España, a contracorriente de la ola desereguladora en la UE: pide mantener los requisitos verdes para empresas
Aagesen y Cuerpo avisan en una carta conjunta a la Comisión de que eliminar estas obligaciones enviaría una "señal peligrosa de retroceso en nuestros valores europeos fundamentales".
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El Gobierno de Pedro Sánchez se posiciona a contracorriente de la nueva ola desreguladora que triunfa en la Unión Europea como receta para mejorar la competitividad y recuperar el terreno perdido frente a Estados Unidos y China.
La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han enviado una carta a la Comisión de Ursula von der Leyen en la que le reclaman que no dé marcha atrás en los requisitos verdes a las empresas que impone la legislación de la UE, situándose en contra de lo que defienden países como Francia o Alemania.
La propia Von der Leyen ha convertido la desregulación y simplificación normativa en uno de los ejes centrales de su segundo mandato, siguiendo las recomendaciones de los informes elaborados por el ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; y por el también ex primer ministro italiano, Enrico Letta.
"Tenemos una señal muy clara del sector empresarial europeo: hay demasiada complejidad, el plazo de tramitación de permisos es demasiado largo y los procedimientos administrativos son demasiado engorrosos. Tenemos que reducir la burocracia. Realizaremos un esfuerzo de simplificación sin precedentes", ha dicho la presidenta de la Comisión.
De hecho, el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar ya la semana que viene una primera Ley Ómnibus de Simplificación "de gran alcance" que cubre específicamente los requisitos de sostenibilidad para las empresas. Este paquete cubrirá las normas europeas de presentación de informes de sostenibilidad, el reglamento de taxonomía y la directiva sobre diligencia debida en la cadena de suministro.
En su carta conjunta, Aagesen y Cuerpo señalan que este esfuezo de simplificación debe llevarse a cabo "sin cuestionar nuestra ambición en valores europeos clave y garantizando la seguridad y estabilidad regulatorias". "Si bien los ejercicios de implementación y simplificación son indispensables, también son esenciales unos requisitos sólidos de presentación de informes climáticos", prosigue la misiva.
Según el Gobierno de Sánchez, las normas europeas sobre informes climáticos y taxonomía "son esenciales no sólo para movilizar inversiones sino también para asegurar que se dirijan hacia tecnologías, productos y servicios necesarios para la transición".
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, conversa con el comisario de Energía durante una reunión en Bruselas
En cuanto a la direcitva sobre diligencia debida, los ministros sostienen que "respalda los valores y prioridades de la Unión Europea incluso más allá de nuestras fronteras, dando así ejemplo de liderazgo, que es cada vez más relevante en la coyuntura actual". "Además, garantiza la igualdad de condiciones en toda la UE, reforzando nuestro mercado único y superando la fragmentación regulatoria. Por estas razones, se debería evitar su revisión", señala la misiva.
A juicio de Aagesen y Cuerpo, "lograr nuestros objetivos climáticos y reforzar la agenda verde contribuirá en gran medida a fortalecer la competitividad de la UE". "Eliminar ciertas obligaciones existentes no mejoraría necesariamente nuestra competitividad y, sin embargo, corre el riesgo de enviar una señal peligrosa de retroceso en nuestros valores europeos fundamentales", concluye la carta.
La misiva está dirigida a la vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera; al vicepresidente responsable de Industria, Stéphane Séjourné; y a los comisarios de Economía, Valdis Dombrovskis; y de Mercados Financieros, Maria Luís Alburquerque.
Con esta carta, el Gobierno de Sánchez choca con la posición que han adoptado Francia o Alemania. El Gobierno de Emmanuel Macron ha pedido a Bruselas suspender sine die la nueva directiva europea sobre diligencia debida, con el argumento de que complica innecesariamenta la vida de las empresas y frena su crecimiento. También aboga por aplazar dos años la entrada en vigor de la norma sobre informes de sostenibilidad corporativa.
Alemania también ha reclamado un retraso de dos años en la entrada en vigor de la directiva sobre informes, así como una "reduccion significativa" de las obligaciones que impone.
