Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES).
El CES apoya reducir la jornada laboral pero no concreta si debe hacerse por ley y pide flexibilidad para las empresas
El texto, que se aprueba este miércoles, critica que no se haya hecho un estudio en profundidad del impacto económico de la medida.
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El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado su dictamen sobre el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada que reconoce su relevancia social y apuesta por avanzar en ese objetivo, pero no se pronuncia sobre si hay que hacerlo por ley o mantenerlo en la negociación colectiva. Además, el texto reclama más flexibilidad para que las empresas puedan aplicar la medida.
La propuesta de dictamen, a la que ha tenido acceso Efe, se aprueba en el pleno del CES que se celebra este mismo miércoles. Reconoce que "persisten diferencias significativas entre las organizaciones representadas en este órgano consultivo respecto del instrumento normativo para alcanzar estos objetivos", dado que un tercio de los miembros del CES son designados a propuesta de las patronales y otro tercio a propuesta de los sindicatos.
"Mientras unas organizaciones destacan que el nuevo límite debe establecerse en la ley para, en su caso, evolucionar en la negociación colectiva, otras señalan que debe adoptarse convencionalmente", señala el texto que se someterá este miércoles a la votación del pleno del CES, que podría aprobarlo por unanimidad como ocurre con la mayoría de los dictámenes de este órgano.
En cualquier caso, la propuesta de dictamen defiende que hay acortar la jornada, pero señala que el alcance de la norma "tiene que tomar suficientemente en cuenta la gran diversidad del tejido productivo, tanto sectorial como por tamaño de las empresas".
Marco más flexible
"Por ello, en opinión del CES resulta aconsejable dotar al anteproyecto de un marco más flexible que permita un cumplimiento efectivo de la norma. Esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, entre las que cabe mencionar solo a modo de ejemplo las agrarias y las pesqueras", subraya el texto.
Asimismo, se reclama contemplar la situación de las empresas con contratos públicos en vigor que no pueden modificar sus condiciones para actualizarlas a estos cambios legales, algo que ya ocurre con las subidas del salario mínimo y que constituye una reivindicación histórica de la patronal, también apoyada por los sindicatos.
Respecto al impacto económico de la norma, el CES considera que está "insuficientemente fundamentado e incompleto".
"La trascendencia económica de la reducción de la jornada máxima legal, que afecta a los intereses económicos de una parte muy sustancial de las personas trabajadoras y de las empresas españolas, hubiera requerido, en opinión de este Consejo, de la realización de un estudio en profundidad", añade la propuesta de dictamen.
