La vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, durante su rueda de prensa de este miércoles en Bruselas
Ribera avala en Bruselas el desmontaje de normas medioambientales impulsadas por el Gobierno de Sánchez
La vicepresidenta de la Comisión asegura sentirse "profudamente satisfecha" con el resultado y "privilegiada" de trabajar en el equipo de Von der Leyen.
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La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles su primer gran plan de desregulación y simplificación (bautizado como primer paquete Ómnibus en jerga bruselense), cuyo objetivo es relajar las obligaciones medioambientales y de sostenibilidad que la legislación de la UE impone a las empresas.
Una reducción de las cargas burocráticas que persigue impulsar la competitividad y estimular la actividad económica y que generará un ahorro de 6.300 millones al año en costes administrativos, según los cálculos de Bruselas.
La vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Transición Verde, Teresa Ribera, ha dado su aval a esta agenda desreguladora, pese a que varias de las normas afectadas fueron impulsadas por España cuando ella estaba en el Gobierno de Pedro Sánchez.
De hecho, su sucesora Sara Aagesen y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han enviado una carta a Bruselas en la que piden no descafeinar estas normas de sostenibilidad. Una de las normas afectadas, la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, se aprobó bajo presidencia española de la UE en diciembre de 2023.
Ribera es la representante de mayor rango de los socialistas europeos en el equipo de Von der Leyen, pero se encuentra en una situación de minoría absoluta en el colegio, dominado por el Partido Popular Europeo (PPE). Aún así, la vicepresidenta asegura que no se ha sentido marginada en los preparativos de este paquete sino que ha jugado un "papel clave". Sostiene además que el Ejecutivo comunitario no está desregulando sino aterrizando la puesta en marcha de lo que ya se ha aprobado.
"Me siento profundamente satisfecha de lo que hemos hecho. No es un paquete que deshaga lo que hemos hecho, es un paquete que avanza en cómo seguir haciendo cosas", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión a preguntas de este periódico. "No estamos desregulando. (El plan) no socava ninguno de los objetivos verdes, no deshace lo que hemos hecho en el pasado. Al contrario, entramos en la fase de implementación", ha insistido Ribera.
No lo ven así las organizaciones medioambientales, que han salido en tromba a denunciar que el plan de Bruselas -que incluye también medidas para ayudar a la industria a descarbonizarse y para rebajar la factura energética- es "un regalo para las industrias contaminantes" y un intento de "apaciguar a Donald Trump".
La Comisión "destruye leyes que son cruciales para cumplir el Pacto Verde Europeo" y "se aleja de los compromisos verdes que eran la piedra angular del primer mandato de Von der Leyen", ha criticado WWF.
En contraste, la patronal comunitaria BusinessEurope sostiene que se trata de un "paso positivo" para facilitar la actividad de las empresas en Europa, aunque "se queda corto".
"Lo que piden las empresas europeas de todos los tamaños es menos normas y más claras. Al reducir las cargas regulatorias y de presentación de informes innecesarias, el primer Ómnibus permitirá a las empresas contribuir de manera más eficaz a los objetivos de sostenibilidad de la UE, preservando al mismo tiempo la competitividad de la economía", ha dicho BusinessEurope.
En concreto, el paquete Ómnibus busca suavizar la normativa europeas sobre presentación de informes de sostenibilidad por parte de las empresas, la directiva sobre diligencia debida y la tasa al carbono en frontera.
En el primer caso, Bruselas propone limitar su aplicación a las empresas que tengan más de 1.000 trabajadores y un volumen de negocios superior a 50 millones de euros.
Eso supondrá eximir de estas obligaciones de información al 80% de las compañías que hasta ahora estaban cubiertas por la norma. Además, se simplifican y reducen las exigencias para el resto de empresas.
Retrasar la entrada en vigor
En cuanto a la directiva de diligencia debida, que obliga a las grandes empresas a responsabilizarse de las infracciones de derechos humanos y reglas medioambientales de toda su cadena de proveedores, el Ejecutivo comunitario plantea retrasar su entrada en vigor plena hasta 2029.
También se suprime la obligación para las multinacionales de romper relaciones con los proveedores que no respeten los DDHH y la sanción mínima del 5% del volumen de negocios a las grandes compañías por incumplimientos.
Finalmente, por lo que se refiere a la tasa de carbono en frontera (CBAM), el Ejecutivo comunitario plantea modificar los umbrales para que queden exentos hasta el 90% de los importadores (182.000).
