La investigación sobre la liquidación del Banco Popular tras casi 90 años de historia y su posterior venta al Santander al precio de un euro seguirá abierta en la Audiencia Nacional al menos hasta octubre de 2020, tal y como ha decidido esta semana el titular del juzgado central nº 4, José Luis Calama.

El 7 de junio de 2017 la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de sus acciones, operación ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro.

En octubre de ese año, el entonces titular de ese juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Desde entonces, se han sucedido en los juzgados, tanto españoles como europeos o estadounidenses, las demandas de los casi 300.000 accionistas y bonistas por la gestión de los directivos y por la conversión a cero del valor de las acciones y de la deuda subordinada contra los antiguos responsables del banco, que han tenido que explicarse tanto en sede judicial como parlamentaria.

-El día de la intervención, el Santander inyectó en el Popular 13.000 millones de euros para garantizar su funcionamiento, y un mes más tarde acordó una ampliación de capital de 2.736 millones con prima de emisión de 4.143 que supuso la entrada de otros 6.879 millones.

-Para tomar la decisión de liquidar el Popular la JUR se basó en informes de valoración elaborados por sus propios servicios y por la consultora Deloitte, que determinaron que el Banco Popular tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.

-Apenas un mes después, la UE instaba a los inversores y tenedores de deuda subordinada afectados por la resolución a recurrir la decisión adoptada por Bruselas ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE); entre los que acudieron al TJUE destaca el magnate chileno Andrónico Luksic, que perdió 113 millones de euros.

-Grandes fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Pimco y Acnhorage -que junto con otros vehículos de inversión perdieron más de 800 millones de euros-, han acudido a la justicia estadounidense en busca de información sobre el Santander, heredero de la responsabilidad del Popular.

-El que fuera principal accionista individual del Popular con un 4,2 % del capital, el mexicano Antonio del Valle, perdió 550 millones de euros y denunció ante los tribunales europeos la resolución del banco y su posterior venta al Santander.

-La asociación de consumidores Adicae, en representación de miles de pequeños accionistas, se querelló contra los expresidentes Ron y Saracho, y otros dieciséis consejeros, por presunta estafa al inversor, falsedad contable y administración desleal.

-En su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera, Ángel Ron, que presidió la entidad durante más de una década, presumió de la oferta de compra de 5.500 millones que recibió por el Popular, que era "solvente"; además, acusó a su sucesor, Emilio Saracho, de no saber nada de banca comercial y de llevar "el avión como si fuera un caza".

-Saracho, que permaneció 108 días al frente de la entidad, fue aún más vehemente e insistió en que se habían cometido "demasiados errores" por su predecesor en un banco que "engañaba", era "un desastre", "una caca", y sus acciones tendían a cero la entidad era incapaz de dar una buena noticia.

-El Santander, "persona jurídica investigada" en la causa heredada del Popular, recurrió su imputación al considerar que la absorción de la entidad vino motivada por un proceso de resolución acordado por un "poder público" en aras de proteger "relevantes intereses generales".