La gran banca se prepara para romper su 'hucha' para pleitos

Clientes enfadados ante malas prácticas continuas y bufetes de abogados dispuestos a sacar partido de escándalos como el de las preferentes, las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o, más recientemente, el ‘caso Popular’ o los gastos hipotecarios. 

Los litigios se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los bancos en los últimos años, hasta el punto de que cada vez han tenido que destinar más provisiones a una ‘cruzada’ judicial que parece no tener fin. El camino en los tribunales tampoco será fácil este año para un sector con multitud de frentes abiertos, a los que se suma la implicación judicial por el ‘caso Villarejo’ que ha salpicado a BBVA, la salida a bolsa de Bankia o los intereses abusivos y las comisiones de apertura de las hipotecas. 

Según se desprende de los informes anuales de las entidades, los seis bancos que forman parte del Ibex 35 tienen una hucha de más de 4.800 millones de euros en “provisiones para cuestiones procesales y litigios”. La cifra es todavía mayor si se tienen en cuenta algunos apartados independientes que aparecen en los informes fuera de las provisiones ‘tradicionales’. Es el caso de las hipotecas multidivisas de Bankinter, que se incluyen en un apunte de “restantes provisiones” por valor de 184,71 millones de euros a cierre de 2018. 

Un dinero que la entidad tendrá que usar este año ante el goteo incesante de movimientos favorables a los clientes. Sin ir más lejos, el Tribunal Supremo estimaba el 19 de marzo la demanda interpuesta por un cliente contra la entidad en la que declaraba la nulidad parcial de un préstamo multidivisa suscrito por las partes el 21 de septiembre de 2007. 

En su informe anual, Bankinter indica que “estas provisiones son estimadas para el total de procedimientos legales abiertos”. La entidad asegura que realiza de forma periódica un seguimiento de las contingencias y obligaciones asociadas a este tipo de instrumentos. “Para el cálculo de la provisión legal asociada a esta tipología de operaciones se tienen en cuenta tanto la media histórica de fallos en contra de la entidad por parte de los juzgados como la pérdida media estimada por procedimiento”, explican desde la entidad. 

UN PARAGUAS FRENTE A LA OLA DE RECLAMACIONES

El sector se ha visto obligado a abrir el ‘paraguas’ para protegerse de la lluvia de reclamaciones de unos clientes cada vez más informados y dispuestos a denunciar. Banco Santander es la entidad con mayores provisiones para hacer frente a este tipo de costes con unos 3.174 millones de euros. 

El banco presidido por Ana Botín se enfrenta a un año duro en los tribunales tras la compra del Popular -que saldó en buena parte con la puesta en marcha de los bonos de fidelización-, además de otras sanciones impuestas por Competencia que la entidad detalla en su Memoria Anual. Por si fuera poco, su decisión de dar marcha atrás en la contratación de Andrea Orcel como consejero delegado también podría derivar en los tribunales, después de que el banquero haya contratado al bufete De Carlos Remón para conseguir una indemnización del banco.

En su memoria anual, BBVA también reconoce estar inmerso en “procedimientos judiciales derivados de su actividad ordinaria”, sin mencionar explícitamente la causa, ya judicializada, de las supuestas escuchas ilegales que la entidad habría encargado al excomisario Villarejo durante el intento de asalto de Sacyr a la entidad, entre 2004 y 2005. Según datos de la entidad, su hucha para litigios “por impuestos y cuestiones procesales” asciende a 686 millones de euros.

Bankia también mantiene en su caja cerca de 200 millones para hacer frente a posibles procesos judiciales. La entidad reconoce en su informe anual que aún existen 700 procedimientos vigentes por la compra de acciones en su salida a bolsa (y posteriores). Un proceso que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. La entidad también tiene miles de procedimientos abiertos aún por las cláusulas suelo, al igual que sus competidores, y recuerda en su memoria el recurso que mantiene contra la incautación de los avales de construcción prestados para los concesionarios de las autopistas quebradas. Durante su última presentación de resultados, Banco Sabadell anunció que también había provisionado 142 millones de euros para indemnizar a los clientes perjudicados por el ‘apagón’ de su filial británica TSB. 

LO QUE SE VIENE ENCIMA

Por delante quedan muchos frentes abiertos. Para empezar, el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Las hipotecas referenciadas a este índice, en vez de al euríbor, han sufrido un tipo de interés más elevado al construirse con la media de los intereses aplicados por cajas y bancos. Sobre este índice planea la sospecha de la falta de transparencia en su comercialización por parte de los bancos, algo sobre lo que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (THUE) se pronunciará el 24 de junio.

La agencia de caificación Scope Rating calcula que en España existen medio millón de hipotecas referenciadas a este indicador (un 9% del total de los contratos hipotecarios). Y Goldman Sachs estima un impacto de entre 7.000 y 44.000 millones de euros si el fallo es contra las entidades. Del mismo modo,desde Mirabaud Securities España establecen que el impacto de un fallo desfavorable puede alcanzar los 10.500 millones de euros para la banca española. 

“Si la cláusula es declarada nula y los bancos tienen que restituir los intereses cobrados a los clientes se estima un perjuicio de media de entre 18.000 euros y 21.000 euros por contrato IRPH frente a una hipoteca referenciada al euríbor”, explican los expertos de la firma en un informe publicado en octubre. "De confirmarse una sentencia por IRPH en contra de la banca española, Caixabank sería la entidad más impactada (con un impacto de -160pbs) y Bankinter la que menos (ya que nunca comercializó créditos ligados al IRPH)”, indican.