Todo listo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de Santander para acoger este viernes a las 09.30h la junta general de accionistas del Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín llega a la cita con las espaldas bien cubiertas tras presentar el 3 de abril su plan estratégico para los próximos tres años. Una hoja de ruta de marcado carácter tecnológico y que, pese a ser bien recibida por el mercado, ha generado ciertas dudas sobre la capacidad del banco para alcanzar el objetivo de un 12% de ratio de capital de máxima calidad frente al 11,3% actual.
El banco cotiza prácticamente plano desde la presentación del nuevo plan, pero se revaloriza cerca de un 11% en lo que va de año, después de caer más de un 27% en 2018. La estrategia de la entidad para ‘levantar’ su cotización es una de las principales preocupaciones de los accionistas que, además, este año seguirán cobrando parte del dividendo de la entidad en títulos, frente a la promesa que hasta hace pocos meses mantenía Ana Botín sobre una remuneración cien por cien en efectivo. Y todo bajo un escenario en la que la rentabilidad del sector sigue seriamente dañada por el entorno de tipos de interés en mínimos en Europa. En concreto, el retorno sobre capital (ROE) del Santander está en el 8,21%, según cifras de la entidad, aún por debajo del 10% del coste de capital que estima el Banco Central Europeo (BCE) para el sector.
REELECCIÓN DE CONSEJEROS
Está previsto que, durante la junta, los accionistas aprueben las cuentas anuales de 2018, año en el que el Santander logró un beneficio de 7.810 millones de euros, un 18% más que el año anterior. Pero el momento caliente del día, y el más complicado para la presidenta del banco, será el que aparece en el punto tercero del orden del día: el nombramiento y reelección de los consejeros.
En concreto, los accionistas podrían poner en peligro la reelección de Bruce Carnegie-Brown, vicepresidente no ejecutivo de la entidad y presidente de los comités de nombramientos y retribuciones. Según recuerdan los analistas, citando informaciones aparecidas en medios, los asesores de los inversores institucionales (proxy advisors), han aconsejado el voto en contra de la reelección del directivo británico por ser, técnicamente, el responsable en el frustrado fichaje de Andrea Orcel como consejero delegado del Grupo. Sin embargo, los analistas consultados consideran que los accionistas tienen claro que la llegada del banquero fue una decisión completamente personal de Ana Botín.
Para muchos, Bruce Carnegie-Brown sería la ‘cabeza que tiene que rodar’ por una situación que generó un grave problema institucional y que podría derivar en complicaciones legales. El 15 de enero, Banco Santander anunciaba que no ficharía a Andrea Orcel en sustitución de José Antonio Álvarez como nuevo consejero delegado, tal y como habían anunciado ‘a bombo y platillo’ en septiembre de 2018.
La entidad tachó de “inaceptables” las elevadas retribuciones que el directivo cobraba en UBS. Pero el error de cálculo también obligó al banco a retirar su decisión de colocar a Álvarez en la vicepresidencia de la entidad, para ‘devolverlo’ a su cargo de consejero delegado. “Como yo, es un buen soldado”, indicaba Botín en la última presentación de resultados del banco, en referencia a los movimientos que también han afectado a la que ha sido su mano derecha desde 2014.
POPULAR Y REINO UNIDO
Aunque no está previsto en el orden del día, es probable que durante el turno de preguntas salgan a relucir otras cuestiones algo incómodas para los directivos de la entidad. Entre otras, el proceso de ajuste al que se enfrenta el banco tras la adquisición del Popular, así como la avalancha de demandas de los afectados por la polémica resolución de esta entidad.
Durante la presentación del plan estratégico, Banco Santander elevó a 750 millones de euros las sinergias por la integración definitiva, desde los 500 millones estimados en un principio. Pero estas sinergias han supuesto ya la salida de más de 1.700 empleados de la entidad mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.
Según indican desde los sindicatos, las negociaciones por el cierre de oficinas de la red comercial se retomarán después de Semana Santa. Las fuentes consultadas advierten de que el número de despidos puede ser mayor que los sufridos en los servicios centrales en 2018. Aseguran que la entidad no tiene previsto ofrecer las mismas condiciones que en el último proceso de ajuste, en el que solo se contabilizaron una veintena de despidos forzosos.
Pese a las dificultades, desde CCOO confirman que no asistirán a la junta del viernes y, por lo tanto, no participarán en la ronda de preguntas y respuestas a la que tienen derecho todos los accionistas del banco.
Está previsto que los accionistas también muestren su preocupación por la evolución del negocio del banco en Reino Unido, una de las regiones en las que la entidad prevé realizar más ajustes debido al impacto del Brexit en la economía de la región. Los analistas de Scope Rating incluyen este escenario dentro de los riesgos para una posible rebaja en la calificación del banco cántabro, al que acaban de confirmar una nota de AA- con perspectiva estable.
Por otro lado, y según estos expertos, “la evidencia de que las inversiones pueden impulsar el crecimiento de los negocios materiales, los ingresos y el incremento de cuota de mercado serían positivas para su calificación”.