Nervios, dudas, reuniones con consultoras, abogados, directivos… La red de ventas de la banca española está que arde ante la inminente entrada en vigor de la nueva ley que regulará el crédito inmobiliario, prevista para el próximo 16 de junio. 

No se trata solo del coste que ya supone ‘acoplar’ los productos y la forma de operar a los cambios que introduce la norma, que llega con el firme objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica en materia hipotecaria, tanto al cliente como a la banca. Según fuentes financieras, la mayor preocupación del sector es que a apenas mes y medio de la entrada en vigor de la norma, todavía hay muchas dudas sobre cómo deben formar a sus empleados para mantener intacto el ritmo de la firma de hipotecas.

El problema no es menor. “El sector está que trina con los tiempos, sobre todo en materia de formación de sus empleados”, aseguran fuentes del mercado. “Esta va a ser la verdadera piedra en el zapato de la banca para cumplir con los plazos”, explican. No es para menos. Apenas quedan 40 días naturales para la entrada en vigor de una ley que exige 50 horas de formación para cada empleado que intervenga en el proceso de comercialización de una hipoteca, además de otras 10 continuadas al año. Imposible llegar al 16 de junio con los deberes hechos.

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Según la directiva europea que ahora se incorpora al ordenamiento jurídico español, los empleados de banca deben conocere al dedillo tanto el crédito que ofrecen como los productos y servicios que le acompañan, además de otros aspectos clave de los procesos de compra venta de un inmueble o de cómo funcionan los registros de la propiedad, además de otros aspectos más centrados en materia económica. 

¿El problema? Que el contenido concreto de esta formación no se publicó hasta el pasado 29 de abril, dejando un tiempo demasiado limitado para completar los cursos y el posterior examen al que tendrán que enfrentarse los implicados. “Esto es como el MiFID de las hipotecas”, ironizan fuentes del entorno financiero. 

La otra gran traba para avanzar en el proceso es que el Banco de España aún no ha decidido quiénes serán los certificadores de esa formación. Sin esa figura, la banca no puede agilizar el proceso, pues los cursos pueden ser impartidos desde la propia entidad o de manera externa (universidades, centros de negocios, etc). Pero en ningún caso pueden coincidir los formadores con los certificadores. 

Ante el revuelo generado por lo imposible de los plazos, el legislador ha ofrecido a la banca un plazo de un año, hasta el 16 de junio de 2020, para culminar todo el proceso de formación. Sin embargo, la norma establece que ningún comercializador puede vender hipotecas sin acreditar sus conocimientos, por lo que se ha introducido la figura de los llamados 'supervisores'. Ellos serán los encargados de vigilar que las operaciones se realizan cumpliendo los requisitos de la norma, hasta que el resto de empleados vaya acreditando su formación. 

EXIGENCIAS… TAMBIÉN PARA EL CLIENTE

Si hay algo que la norma deja claro es que la educación financiera será clave en el proceso de firma de una hipoteca. También en la parte que corresponde al cliente. “No queda otra, en el documento aparece 172 veces el término ‘información’ y otras 46 la palabra ‘protección’”, indican los expertos.

La ley del crédito inmobiliario cambiará la forma no solo de vender, sino de adquirir una hipoteca. Por ejemplo, el cliente tendrá que firmar una nueva información precontractual. Y deben pasar 10 días como mínimo antes de firmar la escritura. La ley es exigente en este sentido. Si por cualquier motivo la firma se produce antes del plazo, la hipoteca será declarada nula. La idea es que el cliente use ese plazo para consultar, preguntar y repreguntar cualquier duda sobre el préstamo que está a punto de firmar. 

'EXAMEN' ANTE NOTARIO

El cliente también tendrá que acudir dos veces al notario. En la primera cita, el prestatario tendrá que firmar un ‘acta notarial previa’, un test que servirá al notario para acreditar que el cliente conoce (y entiende) cada uno de los puntos y conceptos que firma en su contrato hipotecario. Sin ese documento, el cliente no podrá recibir la escritura de la vivienda.

Ante el posible riesgo de exclusión de determinado tipo de clientes por la complejidad del proceso, los expertos esperan que la nueva ley hipotecaria solo excluya del mercado “a los clientes que no deben tener el préstamo que solicitan”. Es decir, a los posibles insolventes. De hecho, los nuevos test de solvencia que la banca debe realizar antes de conceder el préstamo son mucho más exigentes. Por ejemplo, en el caso de las parejas, si uno de los dos no cumple los requisitos establecidos, no podrán acceder a la hipoteca. 

“Ha sido una norma muy exigente para los bancos, pero el sector tiene la esperanza de que les permita desarrollar la actividad hipotecaria sin tanta conflictividad, evitando además los problemas reputacionales”, apuntan desde el sector.