Nunca lo habrían imaginado. Depositaron su confianza en el sexto banco español y lo perdieron todo. Tal día como hoy, hace exactamente dos años, accionistas y bonistas del Popular amanecían con la terrible noticia. En una operación que (supuestamente) se concretó en apenas unas horas, Junta Única de Resolución (JUR) decidió durante la madrugada del 6 al 7 de junio ‘liquidar’ al Banco Popular y su posterior venta a Banco Santander por el valor simbólico de un euro. 

Más de 300.000 accionistas y bonistas de deuda subordinada perdieron toda su inversión en la entidad y, 730 días después, pocos han logrado recuperar parte de lo perdido en un proceso judicial en el que se exigen más de 2.000 millones de euros en devoluciones. El mismo se ha convertido en un guión casi de película que implica a mutitud de tribunales nacionales y europeos, con protagonistas que incluyen a los minoritarios afectados, a grandes fondos como PIMCO, e incluso a familias inversoras como los Luksic o los Del Valle.

¿El objetivo? Demostrar que el banco falseó sus cuentas desde, al menos, la ampliación de capital de 2016, implicando con ello a sus antiguos directivos, con Ángel Ron y Emilio Saracho a la cabeza. El FROB, el Banco Santander, la Comisión Europea y la propia JUR completan la diana a la que estos años han ido dirigidos los dardos de los afectados. 

MISTERIOS SIN RESOLVER

Los cientos de procesos que se estudian en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la Audiencia Nacional y en las miles de reclamaciones interpuestas por la vía civil, no han logrado acelerar el proceso que sirva para responder a quién, cómo, cuándo y por qué se decidió la resolución del Popular. Una operación en la que muchos acusan a los organismos europeos de utilizar a la entidad como ‘conejillo de indias’ de los mecanismos de resolución que, hasta entonces, implicaban fondos públicos para rescatar a los bancos con problemas.

Los expertos recuerdan que, apenas dos semanas después de la caída del Popular y aplicando un ‘doble rasero’ que no sentó nada bien en el mercado, Europa dio el visto bueno al Estado italiano para inyectar 17.000 millones de euros en Veneto Banca y Banco Popolare di Vincenza. 

DOCUMENTOS BAJO LLAVE

Las dudas sobre por qué Europa fue tan exigente con el Popular, y no con otras entidades en problemas, siguen pendientes de resolver. Y tampoco se ha conocido aún buena parte de los documentos que sirvieron de base para la resolución de un banco que, según el informe de los peritos del Banco de España, conocido el 10 de abril, llegó a su trágico final por la masiva retirada de depósitos que el organismo cifra en 16.347 millones de euros en el segundo trimestre de 2017 y los primeros días de junio. ¿La gran duda? Hasta qué punto la presidenta de la JUR, Elke König, tuvo responsabilidad en esta fuga de dinero, tras sus palabras advirtiendo semanas antes de que el organismo seguía muy de cerca la situación financiera del Popular. 

¿QUÉ EXIGEN LOS AFECTADOS?

En medio de todos los recursos presentados en Europa por los fondos y grandes inversores, destacan los que solicitan la información censurada en los informes de valoración de Deloitte y en aquellos que influyeron en la decisión final de la JUR, incluidas cartas entre los directivos del Popular, el Banco de España y el propio BCE. 

Fuentes jurídicas apuntan al 4 de julio como próxima cita clave para el proceso, ya que se prevé que antes de esa fecha el organismo de resolución publique su decisión sobre la posibilidad de sacar a la luz estos documentos, entre los que también destaca los datos que Lazard manejaba para buscar una ‘solución privada’ para el Popular.

Según explican desde el despacho de abogados Cremades & Asociados, esos primeros días de julio también están marcados en el calendario judicial del Santander y la Abogacía del Estadom pues está previsto que presenten sus escritos de defensa de la resolución ante el TJUE. En este tribunal permanecen ‘en estudio’, además, las seis demandas contra la JUR y su presidenta Elke König que analiza el tribunal y que, previsiblemente, marcarán la pauta a las 120 reclamaciones presentadas contra las autoridades europeas.

AUDIENCIA NACIONAL Y RECLAMACIONES CIVILES

En España, la Audiencia Nacional decidió esperar a la decisión del tribunal europeo para dictaminar sobre las reclamaciones contra el FROB. Por otro lado, el goteo de demandas civiles contra el Banco Popular es incesante y, tal y como explican distintos despachos de abogados consultados, “las sentencias han sido casi todas favorables para los clientes que compraron acciones en la ampliación de capital de 2016” del banco. 

Es precisamente esa operación la que ha supuesto mayor controversia para los afectados, ante la sospecha de que la entidad no reflejó la imagen fiel de sus estados financieros en aquel momento. Sin embargo, varios bufetes afirman contar con informes de consultoras privadas que remontan los errores en las cuentas incluso a 2011.  

De hecho, confirman que Santander no está recurriendo las sentencias que llegan por la vía civil ante el temor de que las mismas acaben en el Supremo y todo derive en una situación similar a las del ‘caso Bankia’, en la que el tribunal anuló la compra de acciones de la entidad en su salida a bolsa, obligando a reembolsar el dinero a los inversores que acudieron a la oferta.

¿QUÉ PASARÁ CON RON Y SARACHO? 

La Audiencia Nacional también mantiene abierta una investigación penal contra el Popular y sus antiguos gestores. Pero los expertos no creen que hasta bien entrado 2020 se inicie el juicio oral. Una vía que también se ha retrasado por el cambio de magistrado con José Luis Calama, que sustituyó en la causa al juez Fernando Andreu. El primero ya imputó hace unos meses al Santander como ‘heredero’ del Popular, pero después se aceptaron los recursos del banco que, de momento, queda libre de esa carga. Del mismo modo, el juez mantiene imputado a Saracho por el presunto delito de manipulación de la acción del Popular, bajo la sospecha de que el exbanquero intentó ‘tirar los precios’ para facilitar su venta. 

Aunque Banco Santander ha sido muy criticada por la forma en la que se hizo con Popular, lo cierto es que el movimiento no salió del todo gratis a la entidad presidida por Ana Botín. Además del profundo ajuste que se ha visto obligado a realizar, con dos EREs que supondrán la salida de más de 4.500 empleados, Santander tuvo que inyectar 13.000 millones de euros de liquidez en Popular para que el banco pudiera abrir sus oficinas al público en la mañana del 7 de junio. Además, el banco cántabro realizó una ampliación de capital de 7.072 millones de euros para asumir la integración, una operación por la que, eso sí, ya ha obtenido unas plusvalías de 750 millones de euros anuales. 

Con la integración prácticamente finiquitada, los tribunales decidirán quién debe asumir la responsabilidad de la situación financiera del banco y si hubo o no un verdadero engaño a los ahorradores. De momento, los expertos no esperan que la justicia mueva ficha con el juicio oral hasta bien entrado el próximo año. Y pocos descartan que el proceso se resuelva antes de tres años.