Un grupo de accionistas afectados por la resolución de Banco Popular ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que admita una querella contra el banco por una supuesta revelación de secretos y filtraciones que habrían permitido al Banco Santander conocer de antemano que Popular iba a solicitar su resolución.

La querella de los accionistas, representados por Fieldfisher Jausas, fue inicialmente admitida y dio lugar a la incoación de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 14 de Madrid. Sin embargo, el juez pidió al Ministerio Fiscal que se pronunciara sobre la competencia territorial, y este solicitó el sobreseimiento al considerar que la querella se basaba en sospechas y que no se podía identificar quién era el autor de las filtraciones.

El resultado fue la inadmisión de la querella, una decisión que ha sido recurrida por los demandantes, por lo que la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse sobre el asunto.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace eco de la documentación que obra en la causa que investiga la resolución del Banco en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, de la que el despacho demandante concluye que el expresidente Emilio Saracho tenía la intención, desconocida por el mercado, de solicitar la resolución de la entidad al menos desde marzo de 2017.

Según recuerda, Santander valoró el Popular entre 1.600 y 3.600 millones de euros el 3 de mayo de 2017, y cinco días después decidió dejar de plantearse un precio de mercado e inició un proceso de valoración del banco en el seno de una resolución y por un precio simbólico de entre 0 y 200 euros.

"No es razonable que el Banco Santander adoptara esta posición y se abstuviera de hacer una oferta en el proceso privado de venta, salvo que supiera que la entidad solicitaría la resolución", sostiene la querella.

Además, argumentan que el banco sabía que sería adjudicatario de Popular en el marco de la resolución y que por ello negoció "a alto nivel" desde antes del 21 de mayo de 2017 con los fondos Blackstone y Lonestar la venta de activos improductivos de Popular.

El objeto de la querella es investigar si hubo una filtración continuada de información confidencial y secreta por parte de algún directivo o consejero de Banco Popular en favor del Banco Santander con carácter previo a la resolución, lo que habría otorgado una ventaja competitiva al grupo presidido por Ana Botín frente a sus competidores y habría condicionado su decisión de formular o no una oferta de adquisición sobre el banco.

Asimismo, piden la declaración testifical de director de desarrollo corporativo y planificación financiera de Banco Santander, José Luis de Mora, y del vicepresidente ejecutivo senior de Banco Santander, Víctor Matarranz, quienes efectuaron las presentaciones corporativas a la dirección de la entidad en las que, "en tan solo cinco días, se modificó la valoración de Popular de forma abrupta e injustificada, pasando a un escenario de valoración de 2.600 millones de euros en la presentación de 3 de mayo a una valoración de cero a 200 millones en la presentación de 8 de mayo, sin que ocurriese ningún hecho externo o de público conocimiento que justificara tal cambio de criterio".

Por todo ello, los demandantes han reclamado a la Sala que estime íntegramente el recurso de apelación interpuesto y acuerde admitir a trámite la querella, ordenando al juzgado instructor la práctica de las diligencias propuestas en el escrito inicial de querella.

El socio de litigación bancaria de Fieldfisher Jausas, Jordi Ruiz de Villa, ha resaltado que la importancia de la querella criminal reside en la posibilidad de abrir un nuevo frente en el caso del Banco Popular.

"Todo apunta a que el Banco Santander se prevaleció de información ilícita para no concurrir al proceso privado de venta del banco y confeccionar una oferta en el proceso de resolución antes incluso de que el proceso de resolución empezara", ha afirmado Ruiz de Villa, quien considera "incomprensible" que los tribunales se niegan a investigar "unos hechos flagrantes que han perjudicado a cientos de miles de inversores".