El exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha solicitado declarar por escrito como testigo en la causa que investiga a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus respectivos equipos.
En un documento, al que ha tenido acceso Efe, De Guindos explica al juez instructor, José Luis Calama, que dado su puesto en el BCE se encuentra residiendo temporalmente en Fráncfort (Alemania), por lo que "concurrir en persona" a la Audiencia Nacional conllevaría desatender sus "responsabilidades profesionales" durante, al menos, el día de su citación, el próximo 2 de abril.
Entre otros argumentos, el exministro incide en que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los miembros del Gobierno informar a través de dicha fórmula.
Por este motivo, suplica que su declaración "se practique por medio de informe escrito" y que se le remita "el correspondiente interrogatorio con los extremos a que deba contestar", un cuestionario que, entiende, estará relacionado con los hechos "de los que pudiera haber tenido conocimiento" en su etapa como ministro de Economía y Competitividad.
SALIDA A BOLSA
De Guindos, que ya testificó por videoconferencia en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, reitera su compromiso e interés por colaborar con la Justicia al magistrado, que esta misma semana ha instado a la Fiscalía Anticorrupción a que elabore un informe valorando la petición.
El pasado noviembre, el juez Calama emplazó para esta primavera al vicepresidente del BCE, que como antiguo ministro de Economía tuvo que hacer frente a la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017, ejecutada a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.
Dicha operación, que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada del banco, inició la batalla legal de los miles de accionistas del Popular, que actualmente pleitean, tanto ante la justicia española como comunitaria, para ser resarcidos.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de ese mismo año, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra Ron, Saracho, sus consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.