El juez del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, cifra en más de 10,2 millones de euros los pagos que BBVA realizó al excomisario por supuestos encargos de espionaje entre los años 2004 y 2017, unos trabajos que afectaron a "los derechos fundamentales de las personas" investigadas.

En el auto en el que acuerda levantar el secreto de sumario de la pieza, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado indica que se han localizado abonos en las cuentas de Cenyt, empresa de Villarejo, "por un importe total de 10.284.689,3 euros".

Según el juez, la contratación de Villarejo "por parte de altos directivos de la entidad" perseguía "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito" en virtud de la condición de funcionario policial en activo del excomisario.

Castellón considera que de las diligencias de investigación practicadas se desprende que el líder de Ausbanc, Luis Pineda, "habría sido investigado a instancia del BBVA", junto con "su entorno familiar, societario y patrimonial". En el auto, el magistrado hace referencia a la presunta investigación a Pineda, que está personado como acusación particular en esta pieza, en la que se investigan los supuestos trabajos de espionaje presuntamente encargados por el BBVA a Villarejo entre 2004 y 2017.

Pineda, por su parte, pidió la semana pasada anular el juicio que sigue contra él la Audiencia Nacional por una presunta trama de extorsiones alegando que es consecuencia de un montaje de BBVA y el excomisario José Villarejo para destruirle con una denuncia falsa cuando ganaba pleitos contra cláusulas abusivas de bancos.

En ese juicio Pineda se enfrenta a una petición de 118 años de cárcel, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a casi 25.

El magistrado afirma que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo hasta ahora, Pineda "habría sido investigado a instancia de BBVA", pero no así Luis Suárez Jordana, director de la revista Ausbanc y ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar. Según el juez, no está justificada su condición de perjudicado, por lo que no acepta su personación como acusación particular