Todos a una. Bancos y reguladores se han marcado el objetivo de apoyar de forma incondicional a empresas y familias afectadas por las medidas derivadas del estado de alarma decretado por el Gobierno.

Fuentes financieras aseguran que algunos puntos del real-decreto, como la moratoria hipotecaria o la concesión de avales, han generado ciertas dudas en el sector, pero confían en la buena disposición de las partes para solucionarlas.

Las máquinas están cien por cien operativas. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) está estudiando cómo adaptar sus requerimientos para que la banca pueda contribuir a transmitir liquidez a la economía y al mismo tiempo, no tenga que asumir provisiones adicionales tras los duros esfuerzos que ha hecho el sector en los últimos años para salir de una crisis que todavía es reciente.

Moratoria hipotecaria, ¿hasta cuándo?

Respecto a la moratoria hipotecaria, el real-decreto establece que las entidades no tendrán que aumentar las provisiones por el esperado incremento de los impagos. Pero desde el sector explican que el documento se limita al mes que, de momento, impone el estado de alarma.

“Estamos estudiando qué pasará si el periodo de alerta se prolonga o si hay familias que, por su situación actual, son incapaces de hacer frente a su hipoteca durante más tiempo”, explican desde una entidad financiera nacional.

Desde el sector bancario confirman que la disposición de los reguladores es de "flexibilidad absoluta" y, sin dar detalles, explican que ya se analiza la posibilidad de relajar las exigencias al sector si los impagos se extienden incluso más allá de los tres meses que establece la normativa financiera.

“Es de sentido común… no van a trasladar un problema de las familias y empresas a uno de solvencia de la banca”, indica un directivo consultado por Invertia.

Más flexibilidad

Aunque no hay nada definitivo, el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) ultiman los flecos para evitar males mayores.

Según informa Bloomberg, el organismo comandado por Christine Lagarde podría incluso flexibilizar (en ningún caso eliminar) la aplicación de la normativa contable IFRS 9, que obliga a las entidades a calcular las provisiones para insolvencias siguiendo un modelo de pérdida esperada, frente a la pérdida incurrida que establecía la norma anterior. 

El plan tendría un doble objetivo. Por un lado, suavizar el golpe de la norma en el balance de los bancos y, por otro, ayudar al sector a cumplir con los planes sin precedentes aprobados por los gobiernos del Viejo Continente.

Esta sería solo una de las medidas a analizar por los supervisores. Un portavoz oficial del Banco Central Europeo (BCE) declinó a comentar las informaciones que han aparecido en medios financieros estos días sobre las decisiones que tendrán que tomar los supervisores europeos, con ayuda de los nacionales, sobre el nuevo escenario.

No obstante, fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo español ha estado en contacto con los supervisores y la disposición es buena. Tanto el Banco de España, como el BCE quieren que la banca pueda cumplir con el papel que le han asignado los decretos del Gobierno en esta crisis.

El propio Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, llegó a afirmar este miércoles que el Gobierno español "ha hecho lo correcto" y pedía ayuda de todos.

La redacción del decreto

Mientras que la moratoria para el pago de hipotecas entrará en vigor este miércoles, el decreto en el que se desarrollarán las condiciones con las que las empresas podrán acceder a esas líneas de liquidez anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se ha redactado.

El Ejecutivo trabaja con las patronales AEB (Asociación Española de Banca) y Ceca en esa normativa con carácter excepcional y que garantizará a las empresas acceder a todo el crédito que necesiten y a los bancos, atender a sus clientes en los próximos 31 días.

El coste del acceso a esas líneas de crédito será el mínimo, aunque en un escenario de tipos de interés negativos eso no suponga una gran novedad para los beneficiarios.

El hecho de que el Estado avale una parte -importante, pero aún por determinar- de esos créditos hace que sea más fácil para los departamentos de Riesgo aprobar esos créditos, pese a la delicada situación económica que afronta España por el coronavirus.

Bancos, ICO y CESCE

En total, el Estado va a movilizar 100.000 millones de euros y el sector privado, esto es, la banca, otros 83.000 millones de euros para garantizar que la economía esté asistida este mes con la liquidez que sea necesaria.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) tendrá también un papel que jugar y que ya fue avanzado la pasada semana, cuando se habilitaron líneas por 400 millones para los sectores más perjudicados por el Covid-19. También CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) jugará su papel para apoyar a las empresas exportadoras en estos momentos críticos para la economía global.