El Banco de España se mantiene vigilante para que el sector cumpla con todos los requisitos de transparencia en lo que a publicidad se refiere. El organismo comandado por Pablo Hernández de Cos acaba de hacer público su informe institucional de 2019, y uno de los datos que el documento saca a la luz es el de los 441 requerimientos de cese o rectificación de anuncios en medios tradicionales y digitales.

Todos ellos fueron atendidos por las entidades destinatarias, según indican desde el organismo, pero la cifra de requerimientos evidencia que las entidades siguen sin aprender de sus errores del pasado. En concreto, durante 2018 el número total de este tipo de actuaciones fue de 309, 132 menos que las registradas el pasado año. 

La conducta en términos de publicidad es una de las grandes preocupaciones del supervisor bancario desde hace tiempo, a pesar de que los bancos ya han empezado a tomar medidas como una mayor transparencia en el dato de la TAE de las hipotecas.

En concreto, la mayoría de entidades ya publica este dato sin bonificaciones, para evitar que el cliente se haga una idea equivocada del precio del préstamos que, hasta hace poco, parecía más barato en los carteles publicitarios al incluir en la cifra ese 'premio' por el que, a través de la contratación de otros productos financieros, se puede conseguir una mejora en la oferta del banco.

Fuentes jurídicas apuntan a que la publicidad engañosa puede ser, en plena época del coronavirus, otra fuente de preocupación judicial para el sector bancario. En concreto, de la mano de los préstamos avalados por el ICO para empresas y autónomos afectados por la crisis. 

¿Problemas a futuro?

"La amenaza velada de vigilancia de los abusos bancarios por los supervisores no está teniendo el efecto deseado pues, a día de hoy, la financiación concedida no está llegando en tiempo y forma a nadie", explica Rubén Cueto, socio director de Vallverdú Abogados.

"En puridad, lo que sucede es que se está llevando a cabo una publicidad engañosa susceptible de daños y perjuicios por las entidades, pues ni se está ayudando, ni se está cumpliendo", insiste. Por eso, advierte de que si la financiación no empieza a agilizarse, "entendemos que estaríamos ante supuestos de publicidad engañosa susceptible de daños y perjuicios".

Los letrados se refieren al colapso en la tramitación de estos créditos avalados en el sector bancario, "frente a los anuncios en televisiones y otros medios que aseguran una financiación rápida al cliente y ni siquiera detallan los requisitos para acceder a ellos", explican desde otro despacho consultado.

En concreto, y según datos del Ministerio de Economía, la banca solo ha cerrado el 30% de los dos tramos de avales del ICO para pymes. 

Sanciones y reclamaciones

Dentro de su informe, el Banco de España informa de que en 2019 acordó la incoación de seis expedientes sancionadores, cinco de ellos a bancos y uno a una cooperativa de crédito, relativos al cumplimiento de la normativa de transparencia y protección de la clientela

Uno de esos expedientes fue incoado en materia de información y aplicación del Código de Buenas Prácticas, mientras que los otros cinco se incoaron tras la inspección de las respectivas carteras hipotecarias y la detección de incumplimientos. Entre ellos, no entregar debidamente información precontractual y contractual, calcular erróneamente la TAE, no incluyendo los gastos de formalización o los costes vinculados, realizar un control insuficiente de las gestorías, o el indebido cobro de comisiones.

En total, y durante todo el 2019, el número de reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios bancarios ha sido de 14.641.

Tras el acusado incremento del volumen de reclamaciones en 2013, principalmente referidas a las cláusulas limitativas a la variación de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios (cláusulas suelo, 18.387 en concreto), se produjo un paulatino descenso en los tres años siguientes.

Sin embargo, dicho descenso fue bruscamente interrumpido en 2017, debido a las reclamaciones recibidas sobre el pago de los gastos de formalización en los préstamos hipotecarios (23.040, número superior al total de reclamaciones recibidas en 2018).

Disminución en 2019

Durante 2019, el número de reclamaciones se ha reducido desde las 19.695 formuladas en 2018 hasta las 14.641, lo que supone un mantenimiento de la tendencia a la baja que comenzó en el año precedente, alcanzado niveles similares a los de 2016.

Esta disminución responde, principalmente, al descenso continuado de las reclamaciones referidas a gastos de formalización de préstamos hipotecarios (que en 2017 fueron 23.040 y pasaron a 6.091 en 2018 y a cerca de 1.300 en 2019).

La tendencia decreciente apunta a mantenerse en 2020, si bien resulta difícil realizar predicciones en un contexto en el que no son descartables nuevos acontecimientos, quizá, de nuevo, vinculados a resoluciones judiciales, que podrían impactar sustancialmente en la presentación de reclamaciones ante el Banco de España y que podrían tener especial incidencia no solo en el ámbito de la contratación de préstamos hipotecarios (cláusula IRPH), sino también en el de tarjetas revolving.