El FROB pide acelerar la Unión Bancaria como barrera contra la crisis

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha hecho un llamamiento a completar la Unión Bancaria para dar una respuesta armonizada al reto del Covid-19 y ha señalado que las autoridades de estabilidad financieras deberán gestionar la situación con "flexibilidad y prudencia".

Así lo ha puesto de manifiesto en su mensaje institucional de presentación de la memoria de actividades del FROB en 2019, un ejercicio que continuó enmarcado en la contribución al Mecanismo Europeo de Resolución para fortalecer la resolubilidad de las entidades financieras en España y en la culminación de las tareas aún vivas del proceso de recapitalización bancaria, vinculadas al seguimiento de la participación del FROB en BFA-Bankia y Sareb.

El presidente del FROB ha valorado que el sector financiero afronta la crisis derivada del coronavirus en mejores condiciones que durante la de 2012 desde la perspectiva prudencial, con entidades "más y mejor capitalizadas", desde el ámbito de la resolución, "con importantes mejoras en cuanto a la planificación y disponibilidad de instrumentos", y desde una perspectiva institucional, con los sistemas europeos de supervisión (BCE) y de resolución (JUR) "en pleno funcionamiento dentro de la Unión Bancaria".

Garantía de depósitos

Sin embargo, Ponce ha recordado que hay importantes elementos pendientes para la resolubilidad de los bancos europeos, como la ausencia de un sistema común de garantía de depósitos, la divergencia entre la normativa de ayudas de Estado y la de distribución de pérdidas en resolución o la falta de una normativa concursal armonizada que haga converger las diferentes respuestas europeas a la inviabilidad de los bancos.

Y es en este sentido donde el organismo considera necesario remarcar la importancia de completar la Unión Bancaria para "desplegar respuestas armonizadas ante retos como los actuales".

En su opinión, el principal reto a partir de ahora será que las reglas que se diseñaron como consecuencia de la crisis anterior operen eficazmente contra dificultades que en buena medida son "inéditas", por lo que la fortaleza institucional no dependerá exclusivamente de la capacidad de predecir todos los riesgos, sino también de la capacidad de adaptación a circunstancias sobrevenidas.

"Instituciones firmes en sus objetivos y flexibles en su actuación constituyen probablemente la mejor herramienta para gobernar lo que esté por llegar y, en ese sentido, España y la Unión Bancaria han aprendido y avanzado mucho en los últimos años", ha destacado.

En los tribunales

De la Memoria Anual del organismo también se desprende que continúa personado en 21 causas penales de entidades financieras que recibieron ayudas públicas durante el proceso de reestructuración o resolución, la mayoría en fase de juicio oral y cuatro de ellas todavía en instrucción dada la complejidad de los casos, según consta su última Memoria de Actividades.

Hasta nueve causas se iniciaron por denuncia de los administradores provisionales que designó el Frob en una entidad intervenida; once fueron a raíz de los diversos informes forensic que el organismo encargó a varias consultoras independientes expertas en la materia para que analizase algunas operaciones sospechosas.

En los casos en los que se detectaron conductas irregulares, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que lo investigara e iniciara las diligencias oportunas, si bien no ha informado del número concreto de informes remitidos.

Mientras, otros cuatro procesos fueron iniciados por denuncias de terceros en los que desde el juzgado correspondiente se hizo el oportuno ofrecimiento de acciones al Frob para que se personara.

Caso Popular

En cuanto a reclamaciones por responsabilidad patrimonial, el Frob destaca el elevado número de solicitudes recibidas fundamentalmente por la actuación llevada a cabo por el organismo en relación con la resolución de Banco Popular, que ascienden a 1.070.

A través de estas reclamaciones y de otras similares presentadas ante el Ministerio de Economía y Empresa, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los titulares de acciones de Banco Popular que perdieron su inversión tratan de obtener una indemnización por entender que la Administración ha incurrido en responsabilidad patrimonial. A fecha de redacción de esta memoria se siguen instruyendo estos expedientes habiendo sido resueltas un total de 299 solicitudes.

El Frob recuerda que, aunque no sea parte demandada formalmente, sigue colaborando en defensa del Reino de España y junto con el resto de administraciones afectadas en el arbitraje internacional interpuesto por un grupo de inversores mexicanos por la resolución, al tiempo se han resuelto seis solicitudes de acceso a información relativa a la implementación del dispositivo de resolución del Popular.