El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha conseguido que el juez que investiga dos piezas relacionadas con la resolución del banco atienda a sus peticiones. El magistrado, José Luis Calama, llamará a declarar como testigo el próximo 22 de octubre al exdirector de comunicación de la entidad, Carlos Balado, para que cuente su versión sobre cómo se gestionaron las comunicaciones del banco en los meses previos a su caída.

Además, pedirá a Linklaters que le entregue la documentación con el contrato que firmó con la entidad para asesorarle en la ampliación de capital de la entidad de 2016, cuando el ahora presidente de la CNMV, Sebastián Albella, era socio de ese despacho de abogados y asesoró al consejo del Banco Popular. 

También el Banco Santander -como propietario actual del negocio del Popular- tendrá que aportar la documentación sobre ese encargo.

Ambas peticiones, que fueron adelantadas por este periódico, se registraron por los letrados que asistieron a Ron en su declaración, Jose Antonio Choclán y Javier Velasco, con objetivos distintos.

La defensa de Ron considera importante que el juez y el fiscal escuchen a Balado, después de que el exdirector de comunicación aportara en otro procedimiento judicial un testimonio que pone en dificultades al último presidente del banco, Emilio Saracho.

Dos piezas abiertas

Como avanzó Invertia, Balado narró a otro juez que Saracho estuvo transmitiendo una "imagen de desconfianza hacia el banco" en los meses previos a su resolución.

El profesional de la comunicación llegó a apuntar al ejecutivo procedente de la banca de inversión como fuente directa de la información que publicó El Confidencial el 11 de mayo de 2017 en la que se dijo que la entidad estaba a la venta por riesgo de quiebra.

Se trata de un extremo desmentido por Saracho, que afirmó en la Audiencia Nacional que jamás mantuvo una conversación previa a esa noticia con el periodista que firmó la noticia.

Con el procedimiento en fase de instrucción, el juez tiene abiertas dos piezas para tratar de esclarecer lo que sucedió con el Banco Popular, que fue resuelto en 2017 y pasó a manos del Banco Santander por un euro.

En la primera pieza, se apunta a la responsabilidad de Ángel Ron y otros directivos de su etapa en la caída del banco, concretamente por la ampliación de capital que se llevó a cabo en 2016, cuando el Popular ya atravesaba dificultades. En la segunda de esas piezas, por manipulación de mercado, se investiga la etapa de Emilio Saracho, que tan solo estuvo en la presidencia del Popular 102 días. 

Papel de Albella

Si la declaración de Balado es importante para esa segunda pieza, la aportación de Linklaters es clave para la primera. Además, podría poner en apuros a Albella, cuyo mandato al frente de la CNMV tiene que ser renovado el próximo otoño.

En la comisión de investigación parlamentaria sobre la crisis financiera, Albella afirmó que su intervención en el consejo de administración del Popular del 25 de mayo de 2016 para aprobar la ampliación de capital fue "puntual".

Sin embargo, el Bufete Choclán quiere demostrar que Albella tuvo un papel mucho más importante en esa ampliación de capital de lo que reconoció en ese momento. 

En su escrito al juez recordaron que invirtieron en esa operación unos 500 millones de euros procedentes de su patrimonio personal y que se aprobó con el voto favorable de todo el consejo del Popular, a excepción de un consejero, José María Arias, que decidió salvar su voto.

Junto a Linklaters, en la ampliación participaron como bancos aseguradores UBS y Goldman Sachs.

Ampliación del 2016

El Covid-19 ha retrasado la investigación sobre el Banco Popular. A la vuelta de verano, el juez escuchará a otros testigos en este caso, como Luis de Guindos o Ana Botín.

Como también avanzó este periódico, los abogados de Saracho, Carlos Gómez Jara y Jesús Santos (este último de Baker & McKenzie), han pedido al juez que llame a declarar a los funcionarios de la CNMV que abrieron un expediente sancionador al banco por las cuentas de 2016.

Su objetivo es, en este caso, poner el foco en la ampliación de capital de 2016 para centrar la mirada del juez y el fiscal en la primera pieza del caso.