Revisión salarial, pensiones e hipotecas: las otras llaves para cerrar el convenio de banca

Banca, cajas de ahorro y sindicatos perfilan su estrategia de cara a las próximas reuniones para avanzar en el convenio colectivo. Unas negociaciones que, pese al aplazamiento de fechas límite, siguen casi tan verde como antes de la pandemia. La prioridad ahora es evitar despidos, la movilidad y la revisión salarial que parece el punto más difícil de pactar. Pero hay otros 'beneficios sociales' que, aunque han pasado a segundo plano, pueden ayudar a desatascar algunos acuerdos.

Fuentes sindicales confirman a Invertia que temas como las aportaciones a los planes de pensiones o las ventajas en préstamos o hipotecas serán tratados en último lugar, una vez que se lleguen a acuerdos en los principales puntos de fricción entre las partes. Pero indican que, tal vez, ir alcanzando pactos en estos aspectos puede suponer la llave para abrir la puerta a otros más complejos en términos de negociación. 

Por ejemplo, los sindicatos han puesto sobre la mesa la necesidad de que bancos y cajas de ahorros eleven su aportación a los planes de pensiones de empleo de los trabajadores. Según fuentes consultadas, la aportación mínima anual ronda ahora los 450 euros y desde sindicatos como UGT habían propuesto que esa cuantía se incremente hasta los 1.000 euros anuales en el nuevo convenio colectivo. 

Beneficios sociales

Del mismo modo, los representantes de los trabajadores piden que el texto que regule los próximos años el sector acoja otro tipo de 'mejoras sociales' como un incremento en el importe de los préstamos a los que pueden acceder los empleados en las entidades en las que trabajan, por ejemplo, para adquirir una vivienda. 

Aunque cada entidad mantiene su propio plan interno, el convenio que aún rige establece que los préstamos alcancen hasta los 100.000 euros, cifra que los sindicatos quieren ampliar hasta los 200.000 euros, con plazos de amortización de 30 años frente a los 20 años actuales.

En este sentido, fuentes financieras indican que los empleados podrían dar su brazo a torcer, aunque solo sea en parte, en los tipos de intereses a los que acceden a estas hipotecas. El anterior convenio de banca de 2016 establece un tipo de interés de euríbor más 0,15%, sin que en ningún caso pueda resultar un interés negativo. Aunque cada entidad tiene sus propios planes para sus empleados, desde los sindicatos sí se muestran abiertos a establecer un nuevo suelo en los préstamos. 

Los representantes de los trabajadores también han pedido mejorar los conceptos por los que las entidades ofrecen préstamos sin intereses a sus empleados para, por ejemplo, los estudios universitarios, reparaciones de averías de vehículos, etc. Pero ahí lo tendrán más difícil. En la parte de las cajas de ahorro, ya se sabe que la patronal (CECA) mantiene invariable su idea de suprimir las ayudas de estudios y guardería, para los salarios superiores a los 35.000 euros. 

En lo que sí podrían ceder los sindicatos para abrir paso a otros acuerdos es en la intención de las patronales de eliminar ciertos 'extras' salariales como el llamado quebranto de moneda en el caso de las cajas de ahorro. Se trata de un 'plus' para que el trabajador pueda responder a posibles pérdidas derivadas de las operaciones del día a día, como la realización de operaciones en efectivo, errores en cobros o pagos, etc.

Con la mayoría de entidades apostando por limitar al máximo el servicio en ventanilla, apoyándose en cajeros automáticos que permiten realizar todas esas operaciones y ante el crecimiento de la operativa online, desde el sector verían razonable eliminar ese 'extra'. 

Prioridad: evitar despidos

Los sindicatos reconocen que ir alcanzando acuerdos en estos 'beneficios sociales' no es prioritario, pero sí puede ayudar a desatascar los mayores escollos de la negociación, ahora centrada en evitar despidos ante los próximos cierres de oficinas que se prevén en un sector que debe seguir ajustando para sobrevivir en términos de rentabilidad. 

La revisión salarial también ha sido otro de los grandes puntos de fricción, después de que las patronales del sector (AEB y CECA) hayan planteado eliminar la revisión salarial de 2019 y 2020 y ligar las de los próximos años a si se eliminan los trienios. La movilidad geográfica también es otro de los grandes puntos de las negociaciones, con los sindicatos cerrados en banda a ampliar el rango de 25 kilómetros establecido en el convenio actual. En el caso del convenio de ahorro, el sector quiere ampliar a 50 kilómetros ese rango. 

Del mismo modo, los representantes de los trabajadores aspiran a que el nuevo documento recoja una regulación específica para el teletrabajo y desconexión digital de los empleados de bancos y cajas de ahorros, aunque es cierto que, en la mayoría de los casos, son las propias entidades las que están llegando a acuerdos con sus respectivos trabajadores. 

Antes incluso de la crisis del coronavirus, que ha favorecido la entrada de los derechos digitales en las negociaciones del convenio como asunto prioritario, las grandes entidades ya habían alcanzado pactos con sus plantillas en materia de desconexión digital, dentro de los acuerdos sobre el registro horario que se comenzaron a cerrar en la recta final de 2019, también antes del pacto formal entre banca y sindicatos, que se incorporará como un anexo al convenio colectivo que ahora se negocia.

De hecho, ING se ha adelantado al sector estableciendo un acuerdo con sus empleados en España para regular el teletrabajo. En concreto, la entidad holandesa implantará a partir de septiembre un modelo cien por cien libre para que, quien lo necesite, pueda seguir operando en remoto a partir de septiembre.  

La aspiración de los sindicatos es que más allá de los acuerdos dentro de cada entidad, esta materia quede regulada de base en el convenio. La próxima reunión entre CCOO, FINE y UGT con los representantes de CECA tendrá lugar este miércoles 8 de julio, después de que en la última reunión se acordase ampliar el plazo de las negociaciones hasta el 31 de julio. En el caso de los bancos, la fecha límite se amplió hasta el 31 de octubre, celebrándose la próxima reunión con la AEB el 16 de julio.