El aumento de la morosidad como consecuencia de la crisis ha sido el gran temor de la banca en los últimos meses de pandemia. El sector cree que en 2021 llegará el pico de tensión en los impagos, coincidiendo con el vencimiento de las moratorias. Y muchas entidades se preparan ya para una ola de ejecuciones que llegará si las empresas y familias no son capaces de remontar su actividad.

Fuentes del sector indican a Invertia que la prioridad sigue siendo ayudar a los afectados, con el lema ‘somos parte de la solución’ como principal estandarte para los próximos meses. Sin embargo, la banca no puede permitir mucha más presión en sus balances si no quiere que la crisis sanitaria, que ya es económica, acabe siendo una crisis financiera.

El foco está centrado ahora en cómo gestionar los préstamos concedidos con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de las moratorias a hipotecas y consumo. En el caso de los primeros, el periodo de carencia se estableció en un año. Como estas ayudas empezaron a entregarse entre marzo y abril, será en esos mismos meses, pero de 2021, cuando los clientes tengan que empezar a pagar.

El problema es que con las previsiones macroeconómicas sobre la mesa, muchas empresas no habrán tenido tiempo (ni forma) para recuperarse del golpe de la Covid-19, incurriendo, irremediablemente, en los temidos impagos.

Ante esta situación, y aunque la banca está dispuesta a ayudar, en los corrillos de las entidades empieza a notarse cierto nerviosismo ante la evidencia de que si los impagos llegan, tendrán que empezar a ejecutar los préstamos. “Si se convierten en créditos morosos que vamos a tener que provisionar, que nos consumen capital... tendremos que ejecutar”, indican desde una entidad financiera nacional.

Esta valoración se repite prácticamente en todos los bancos consultados que, no obstante, dejan claro que su papel es ayudar y que cada cliente tendrá que hablar con su banco para buscar una solución.

De hecho, y según explican las fuentes, cuando venza el periodo de carencia, hay que esperar 90 días de impago para que esos préstamos pasen al cajón de dudosos. Será en ese momento cuando las entidades tengan que provisionar la parte no cubierta por el ICO. Es decir, entre un 40% y un 20% del préstamo (entre el 60% y el 80% está cubierto por las garantías públicas).

Claridad antes de marzo

“Claro que puede ser una escabechina”, reconocen desde otra entidad al ser preguntada por esta situación. “Después del esfuerzo realizado, no puede ser que todo termine con los bancos embargando bienes de quienes no pueden pagar”, insisten.

Desde el sector matizan, no obstante, que existe una opción de realizar novaciones en las operaciones avaladas por el ICO para ampliar la carencia, “sin necesidad de que el Gobierno sea quien apruebe nuevos plazos”. Pero también advierten de que “no existe una regulación clara al respecto”.

Por eso, piden que el Ejecutivo "afine este punto antes de marzo, pues es importante que, como ocurre ahora, las ampliaciones de carencia tengan respaldo contable y el supervisor no obligue a dotar provisiones como si fueran dudosos”.

“Aunque los bancos siempre buscamos alternativas a la ejecución, si finalmente no hay más solución posible y no se puede optar por ampliar la carencia porque iba a resultar igualmente impagado, habrá que ejecutar los préstamos”, aseguran.

¿Se ampliarán los plazos?

Hace ahora justo un mes, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, solicitó al Gobierno ampliar a seis años la garantía pública de los préstamos de las Líneas ICO (desde los 5 actuales), además de ampliar el año de carencia.

Pero desde el Ministerio de Economía recordaban entonces que esas condiciones se habían pactado con Europa, además de que modificarlas supondría reestructurar toda la deuda. Ahora, apuntan a que los bancos pueden introducir toda la flexibilidad que quieran en sus calendarios de pagos, siempre que no se pase de los 5 años de duración máxima que permite Bruselas.

El negro escenario que se avecina deja abierta la puerta para que todas las partes implicadas acerquen posturas. De hecho, para poder ser más flexibles con los clientes que pidieron un ICO y extender las moratorias, la banca también necesita el visto bueno de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Pero no está claro que este supervisor que preside el español, José Manuel Campa, vaya a prolongar el régimen especial sobre moratorias de crédito con respaldo público.

Mientras, desde el Banco Central Europeo, se recuerda que los créditos avalados por el ICO son medidas de naturaleza fiscal decididas por los gobiernos. Entran dentro de la competencia nacional y, por tanto, en Fráncfort no entran a valorarlas. No obstante, el presidente del Consejo de Supervisión, Andrea Enria, sí se refirió recientemente a este asunto que el BCE sigue de cerca por el impacto que tiene en las entidades.

En declaraciones públicas, el italiano alertó de que el sector debe prepararse para cuando las moratorias terminen. El Departamento de Nadia Calviño no comenta sobre las conversaciones formales o informales con las entidades sobre este asunto que preocupa mucho a la banca española ante el deterioro de la situación macroeconómica.

Esta misma semana, el Gobierno ha rebajado sus previsiones de PIB para este año y estima que la caída alcanzará el 11,2%. Se trata de una cifra más optimista a la de servicios de estudio de algunas entidades, como CaixaBank, que elevan el hundimiento al entorno del 14%.

En el Gobierno se considera que a la banca no le interesará ejecutar esos préstamos y que optarán por negociar caso a caso las condiciones que garanticen que se cobrará ese crédito. Sin embargo, si eso no fuera así, la morosidad del sector se dispararía y también se produciría un impacto en la deuda pública considerable en 2021 al no recuperarse el aval con el que los contribuyentes han tratado de rescatar a las empresas en estos difíciles momentos de pandemia.

Además de lo que se pacte con Economía, será clave lo que diga la EBA sobre la posible prórroga. Pero mientras, la preocupación en el sector financiero es alta.