Muchos consumidores europeos tienen que lidiar habitualmente con compañías de servicios que se niegan a aceptar cargos desde sus cuentas bancarias porque proceden de países diferentes al de origen de la compañía y, por tanto, tienen una numeración, el IBAN, que sus sistemas no reconocen o que, directamente, no quieren aceptar.

El código IBAN que se genera para identificar cada cuenta bancaria es diferente en cada país, lo que se indica a través de las dos letras que incluye la numeración de cualquier cuenta. En el caso de España se trata de la secuencia ES, mientras que en Alemania se utiliza DE, en Bélgica BE, en Francia FR o en Países Bajos NL. Este código es básico para realizar cualquier operación con la cuenta.

La legislación europea establece que cualquier IBAN emitido en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea debe ser aceptado en todos, pese a lo cual muchas empresas siguen poniendo problemas para recibir pagos cuando proceden de un IBAN que no es originario de su país. 

Esta práctica, conocida como "discriminación de IBAN", es ilegal en la Unión Europea desde hace siete años, pero cientos de empresas siguen ejerciéndola, por lo que varias compañías financieras (Wise, Raisin, N26 o Revolut, entre otras) han decidido lanzar una ofensiva para frenar estas operaciones.

"[Las empresas que cometen esta práctica] No ofrecen ninguna justificación en particular. Simplemente se limitan a afirmar que no se pueden domiciliar recibos en cuentas extranjeras o que el número de cuenta siempre debe ser español", explica a Invertia Arunan Tharmarajah, responsable para Europa de Wise.

Esta firma, junto con otras compañías financieras internacionales, como Raisin, N26, Revolut, Sumup o Starling Bank, impulsa la iniciativa Accept my IBAN, que permite a los consumidores europeos denunciar esta "discriminación de IBAN" sin tener que recurrir a trámites administrativos.

Las compañías que siguen ejerciendo esta práctica lo hacen bien por desconocimiento o bien porque sus sistemas informáticos son anteriores a la introducción de los números IBAN, cuando no existían códigos identificativos de las cuentas bancarias con validez internacional. También ocurre en España, donde se siguen "discriminando" los IBAN de otros países, especialmente entre proveedores de telefonía e internet, según denuncia esta plataforma.

Bruselas ya avisó a España

De hecho, en mayo del pasado año, la Comisión Europea envió a las autoridades españolas una carta de preaviso alertando de que la legislación fiscal de este país no permite a los ciudadanos pagar sus impuestos mediante una domiciliación bancaria desde cuentas que procedan de entidades extranjeras.

Con todo, como lamenta Tharmarajah, "desde la Unión Europea no se están imponiendo sanciones, ya que la potestad para poner multas o emprender acciones legales recae en las autoridades de cada país". "A pesar de que el problema está muy extendido, es raro que las autoridades de los países miembros impongan multas o tomen medidas", critica el responsable para Europa de Wise.

Sí lo está haciendo Italia, pues ha sancionado recientemente a los proveedores de telefonía Vodafone, WindTre y TIM, así como a la compañía Findomestic Banca, con multas por valor de varios cientos de miles de euros por "discriminación de IBAN" a través de su autoridad de Competencia.

Por el momento, ninguna entidad financiera española se ha adherido a la plataforma, si bien, como explica a este periódico Tharmarajah, "el propósito de la iniciativa es aunar fuerzas para que esta cuestión llegue a tantas personas como sea posible". "Estaríamos encantados de dar la bienvenida a nuevas instituciones financieras que se quieran sumar a la causa", añade.

Consumidores afectados

Desde Wise, animan a los afectados por esta práctica ilegal a que se unan a su iniciativa, con la que pretenden centralizar las reclamaciones y que los consumidores no se pierdan a la hora de acudir a las autoridades del país al que pertenece su IBAN o a las del lugar donde se produce la infracción.

Como explican sus responsables, los afectados solamente tienen que rellenar un formulario con su reclamación y la plataforma la canalizará a las autoridades competentes y a la Comisión Europea.