Jaime Echegoyen, presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ha anunciado este viernes a su consejo de administración que abandona el cargo por "motivos personales".
El directivo ha estado al frente de la compañía semipública durante los últimos siete años y se mantendrá en el cargo hasta la próxima junta de accionistas de la entidad, que se celebrará en mayo, en la que se elegirá a su sucesor.
Al cargo accederá, según ha decidido el consejo de administración, el actual consejero delegado, Javier García del Río, que se incorporó a la compañía en febrero de 2020. El puesto de consejero delegado quedará amortizado.
35.000 millones en deuda pública
La salida de Echegoyen llega en un momento de transformación de la sociedad después de que Eurostat obligara hace algunas semanas al Gobierno a incluir la deuda de Sareb en el perímetro de deuda pública, lo que se ha traducido en 35.000 millones más de deuda para las cuentas del Estado y un aumento del déficit.
Echegoyen llegó a la compañía como consejero delegado en marzo de 2014 y un año después fue nombrado presidente. Previamente había desarrollado su carrera en el sector financiero, particularmente en Bank of America, en Bankinter, donde fue consejero delegado, y en Barclays España y Portugal como máximo responsable.
El directivo ha formado, por tanto, parte de la sociedad prácticamente desde su creación, que se produjo un año antes de su aterrizaje en la Sareb. En esos ocho años de vida, la compañía ha reducido un 40% de la deuda que le fue traspasada, si bien aún mantiene 35.000 millones sin amortizar, que desde este año se contabilizan en la deuda pública.
La vida de la compañía debía terminar en 2027, si bien tras el cambio de criterio de Eurostat y el traspaso de la deuda al Estado el Gobierno está abierto a extenderla más tiempo.
Además, en las últimas semanas ha trascendido que el Ejecutivo está buscando una fórmula para tomar el control del capital, lo que implicaría la salida de los bancos. Actualmente, el Estado tiene un 45,9% de la Sareb a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).