El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo tramo para ampliar los avales que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas que requieren financiación por la pandemia. Concretamente ha aprobado garantías por 15.000 millones de euros para créditos destinados directamente a la inversión en sostenibilidad ambiental y digitalización.
Así lo ha explicado María Jesús Montero, la ministra portavoz del Gobierno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha concretado que este nuevo tramo, el sexto que se pone en marcha, va dirigido a "autónomos y empresas que están entrando en la fase de recuperación".
Más concretamente, de este total 10.000 millones irán destinados a los autónomos y las pymes, mientras que los otros 5.000 millones se destinarán a grandes empresas.
Este importe se suma así a los 40.000 millones de euros que el Ejecutivo ya puso a disposición de las empresas para avalar la financiación destinada a inversión que la banca les ha ido concediendo durante los últimos meses.
Según explica el Ministerio de Asuntos Económicos, este nuevo tramo se ha liberado dado que se está produciendo un "fuerte incremento" de la demanda de financiación avalada en las últimas semanas. De hecho, señala que en los dos últimos meses se ha duplicado el volumen de concesión de créditos con garantías estatales.
Aliviar la carga financiera
Estos créditos con aval tienen un vencimiento de hasta diez años y un plazo de carencia de dos que se puede ampliar siempre que el banco y la empresa (grande, pyme o autónomo) lleguen a un acuerdo. Los préstamos que se concedan en este nuevo tramo se beneficiarán también de estas medidas y se regirán por el mismo esquema de garantía que los anteriores, es decir, que el Estado avalará un 70% (pymes y autónomos) o el 80% (grandes empresas) del crédito.
Además, el Gobierno ha aprobado recientemente un Código de Buenas Prácticas que fija los criterios para que las entidades financieras puedan renegociar con las empresas sus créditos y o bien convertirlos en préstamos participativos o bien aplicarles una quita de deuda con el objetivo de aliviar su carga financiera.
Estas líneas de financiación han permitido a los bancos contener el aumento de la morosidad que en el sector se da por supuesto que aflorará en los próximos meses, aunque pende sobre ello aún mucha incertidumbre.