El FROB busca nuevo auditor externo tras terminar el contrato con Mazars
El organismo ha decidido sacar a concurso sus auditorías de los próximos tres ejercicios.
22 junio, 2021 01:16Noticias relacionadas
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) busca nuevo auditor externo. Tras cinco años recibiendo los servicios de Mazars Auditores, ahora el organismo que preside Paula Conthe ha decidido sacar a concurso sus auditorías de los próximos tres ejercicios, así como las del Fondo de Resolución Nacional, gestionado por él mismo.
Como ocurre con las compañías privadas, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos debe contar cada año con un informe técnico e independiente que determine si sus cuentas expresan la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de sus resultados.
Con este fin, el FROB selló hace cinco años con Mazars el contrato para realizar sus auditorías de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, con posibilidad de hasta dos renovaciones de un año cada una, que fueron finalmente puestas en marcha tras ser aprobadas por la Comisión Rectora del organismo.
El contrato, así, finalizaba con la auditoría del ejercicio 2020 y no era posible una nueva prórroga, razón por la cual el FROB ha decidido lanzar un nuevo concurso en las mismas condiciones que el que suscribió con Mazars hace cinco años.
De esta forma, la auditora que se lleve el contrato podrá suministrar este servicio al organismo que preside Paula Conthe durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, con posibilidad de prorrogarlo otros dos más (es decir, hasta 2025).
300.000 euros para tres años
Que Mazars Auditores repita o no como auditor externo del FROB dependerá de que presente la mejor oferta, para lo cual se tendrá en cuenta principalmente el precio, pero también el plan de trabajo y el equipo encargado de desarrollarlo.
En todo caso, la rama española de las autoridades europeas de resolución ha reservado un presupuesto de 308.550 euros, IVA incluido, para contratar a la firma que se encargue de revisar sus cuentas y darles el aprobado durante los próximos tres años, a razón de 85.000 euros (sin contar el IVA) por ejercicio.
De ese importe anual, 80.000 euros corresponden a la auditoría del FROB y 5.000 euros a la del Fondo de Resolución Nacional. Contando con la posibilidad de esas dos prórrogas anuales, el valor de la licitación ascendería a 425.000 euros.
El contrato se adjudicará tanto para las auditorías del FROB como para las del Fondo de Resolución Nacional conjuntamente, dado que el segundo no tiene personalidad jurídica y depende directamente de la gestión del primero, por lo que, si se licitaran dos contratos y recayeran en dos firmas diferentes, estas deberían coordinarse con un mismo calendario, lo que resultaría ineficiente a juicio de la Comisión Rectora del FROB.
Conocimientos, negocio y buenas prácticas
Con el objetivo de realizar la auditoría de estos próximos tres a cinco ejercicios, el organismo busca a una firma que, aparte de poner sobre la mesa una buena oferta, acredite "amplios conocimientos" de la actividad y la normativa del sector financiero, "especialmente las singularidades en materia contable, así como su específica regulación".
No en vano, el FROB no es un organismo cualquiera, pues fue el encargado de conceder las garantías públicas a diferentes entidades tras la reestructuración del sistema llevada a cabo hace menos de una década como consecuencia de la crisis financiera.
Más allá de sus conocimientos, la firma que se lleve el contrato deberá tener un volumen de negocio anual (teniendo en cuenta el mejor de los últimos tres ejercicios) de, al menos, 637.500 euros. Además, debe haber realizado en los últimos tres años la auditoría de al menos cuatro empresas del sector financiero (considerando la auditoría de la matriz y del consolidado como un solo trabajo).
Asimismo, la compañía elegida deberá contar con buenas prácticas en materia de igualdad género y garantizar una adecuada formación a los empleados encargados de la auditoría.
Y, además, deberá aceptar las condiciones del contrato. Entre las más relevantes se encuentra que, en el caso de que la firma seleccionada se retrasase en la entrega del trabajo, deberá enfrentarse a una "sanción" del 0,5% del precio del contrato correspondiente al ejercicio cuya auditoría se esté realizando por cada día (natural) de demora.