Bruselas remodela por completo su arsenal legislativo para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según las estimaciones de Europol, alrededor del 1% del PIB de la UE está involucrado en actividades financieras sospechosas. Eso significa 130.000 millones de euros perdidos a manos de delincuentes cada año. La última ola de escándalos de lavado de dinero a través de bancos europeos -que afectó a grandes entidades como ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Danske Bank o Swedbank- ha demostrado que las normas europeas antiblanqueo vigentes son ineficaces y tienen muchos agujeros.

Estos problemas son los que han llevado a la Comisión de Ursula von der Leyen a proponer un paquete de medidas cuyo objetivo es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y colmar las lagunas utilizadas por los delincuentes para blanquear ingresos ilícitos o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero. "Es nuestra responsabilidad lograr una Europa segura e inclusiva donde el dinero sucio no tenga lugar en el que esconderse", ha dicho el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. 

La mayor innovación de este arsenal es la creación de una nueva Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales (ALBC) a escala de la UE, que tendrá poderes de supervisión directos sobre las entidades financieras. La ALBC intervendrá en dos tipos de circunstancias. En primer lugar, se encargará del control de los grandes grupos financieros transfronterizos de mayor riesgo. Pero también podrá actuar cuando detecte que los supervisores nacionales se inhiben ante casos de riesgo inminente. 

La nueva Autoridad contará con una plantilla de 250 personas y un prespuesto anual de 45,6 millones de euros, de los cuales tres cuartas partes serán financiadas por las entidades supervisadas. Se empezará a poner en marcha en 2023, pero no estará plenamente operativa hasta 2026.

El segundo pilar de la reforma que plantea Bruselas consiste en armonzar al máximo las reglas antiblanqueo europeas. Se trata de sustituir las actuales directivas (que cada Estado miembro ha interpretado de forma diferente, provocando una gran fragmentación en el mercado único) por un reglamento de directa aplicación en toda la UE y que incluye normas muy detalladas sobre cuestiones como la diligencia debida con respecto al cliente, la propiedad efectiva de las compañías o las funciones de los supervisores y las unidades de inteligencia financiera. 

Por primera vez, las normas antiblanqueo de la UE se aplicarán a todos los proveedores de servicios de criptomonedas, que estarán obligados a verificar la identidad de sus clientes y el objetivo de las transacciones que procesen. No obstante, las reglas sólo afectan a los intermediarios pero no a los intercambios de criptomonedas entre ciudadanos particulares. 

Finalmente, Bruselas propone un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo a escala de la UE. El motivo es que los grandes pagos en efectivo son un medio fácil para que los delincuentes blanqueen dinero, ya que es muy difícil detectar las transacciones. Muchos Estados miembros ya tienen su propio límite (que oscila entre 500 euros en Grecia y 10.000 en Chequia) y podrán mantenerlo. En el caso de España, el Congreso acaba de limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros.

Además, se prohibirá facilitar o poseer carteras anónimas de criptomonedas, del mismo modo que las cuentas bancarias anónimas ya están prohibidas por las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.