La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha testificado este jueves en la Audiencia Nacional dentro de la causa que investiga la resolución del Banco Popular. Sin embargo, como ya sucedió cuando acudió a la Comisión del Congreso para dar cuenta sobre este tema, ha respondido con evasivas a preguntas clave sobre las que se esperaba tener una respuesta del organismo europeo.

Preguntada por el juez instructor de la causa, José Luis Calama, y por los abogados de las defensas y las acusaciones, König ha evitado aportar datos novedosos. Pero uno de los momentos más tensos en la sala se ha vivido cuando ha defendido que sus declaraciones a Bloomberg del 23 de mayo de 2017 avanzando que el organismo de resolución que encabeza estaba "mirando" el caso del Popular no tuvieron un efecto en los mercados.

Poco más de un mes después, en junio de ese año, el Popular fue resuelto en el contexto de una enorme crisis de liquidez y adquirido por un euro por el Banco Santander. Sin embargo, König ha explicado que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, según cuentan fuentes conocedoras de la declaración a EL ESPAÑOL Invertia.

El juez había citado a declarar a König para tratar de esclarecer, entre otros, cómo se produjo la salida de más de 5.000 millones de euros en depósitos, mientras se desplomaban las acciones en las últimas semanas de vida del banco.

El propio presidente del FROB en España, Jaime Ponce, aseguró al juez en mayo que envió dos quejas formales a König por correo electrónico para expresar su preocupación por las noticias que estaban apareciendo en los medios internacionales procedentes de la JUR y apuntando a la mala salud del banco.

Ese mismo día, se escuchó en la Audiencia Nacional otro testimonio clave, el del director de Resolución del FROB, Javier Torres Riesco, que aseguró a Calama que el procedimiento de la JUR no se hizo conforme a la norma y que no estaban preparados para activar el proceso de resolución.

Además, Torres reconoció que los informes que la JUR encargó a Deloitte no se elaboraron conforme a la norma y calificó de "poco transparente" el procedimiento de resolución. Aclarar estas cuestiones es vital para el caso.

No recuerda, no conoce

Calama ha preguntando a König, sin lograr una respuesta clara, por los planes de resolución y de recuperación que todos los bancos cumplen de forma obligatoria, pero que en este caso, no fueron aplicados. La auditora alemana se ha agarrado en muchos momentos al "no me acuerdo"o incluso al desconocimiento de documentos durante el interrogatorio.

Sobre mails y reuniones concretas tampoco ha querido facilitar información a la instrucción judicial de la Audiencia Nacional.

Ante esta actitud, las acusaciones han presionado a König para preguntar por qué no se le dio la liquidez necesaria al Popular y qué pasó con la ELA (emergency liquidity assistance o línea para asistir a bancos con problemas de liquidez).

En este punto, la presidenta de la JUR ha explicado que como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está estudiando el caso, no puede comentarlo en la Audiencia Nacional.

También le han preguntado por el plan de capital del banco, por las operaciones de desinversiones, por la venta de TotalBank (su filial en Florida que acabó vendiendo el Santander) o por el interés por el 50% de Wizink.

Además, ha salido a relucir en las preguntas el informe de Deloitte que la JUR no permitió ver al Congreso de los Diputados. Y una reunión con Emilio Saracho en marzo de 2017 a la que ha restado importancia al afirmar que se abordaron temas superficiales.

Con todo esto, la sensación que ha dejado en el juzgado de Madrid la responsable de este organismo que fue creado al calor de la Unión Bancaria no ha sido muy diferente a la de diciembre de 2017, cuando con el banco ya resuelto, acudió al Hemiciclo para dar cuenta de su actuación. Muchas preguntas siguen sin respuesta.