Los swaps, las participaciones preferentes, la compra de acciones para la salida a Bolsa de Bankia, las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa, el IRPH, el pago de los gastos de las hipotecas, la 'usura' de las tarjetas revolving... Una década después de que la crisis financiera global cambiara las reglas del juego y aflorara múltiples errores en muchos contratos firmados entre bancos y clientes, pleitear contra la banca se ha convertido en un negocio muy rentable en España.

Cerca de 200 firmas -plataformas y despachos de abogados- viven de esta actividad que a golpe de reclamar pequeñas cantidades permite ingresar millones de euros al año, de los que una parte importante procede de la condena a los bancos al pago de las costas del juicio.

Este 'negocio' ha ido evolucionando de tal forma que en muchos casos, quienes están al frente de estas sociedades no son abogados, sino financieros, peritos judiciales o incluso expertos en Big Data que contratan después a letrados y procuradores locales para poder llevar a juicio reclamaciones masivas por algún producto financiero.

En un porcentaje muy importante de casos, el juicio ya está ganado antes de llegar al juzgado porque hay sentencias del Supremo que dan origen a las campañas de captación de afectados que garantizan el éxito de la reclamación.

De las preferentes a la usura

En 2012, cuando el Gobierno intervino Bankia y pidió el rescate financiero, las manifestaciones de preferentistas y afectados por la salida a Bolsa del grupo de antiguas cajas de ahorro que habían perdido sus ahorros protagonizaron muchas de las imágenes que dejó la crisis.

Por aquel entonces, eran pocos los despachos de abogados especialistas en estos temas. Dos de ellos, Arriaga Asociados y Bufete Rosales, se hicieron pronto muy conocidos por sus apariciones en prensa y sus campañas publicitarias. El primero de ellos, contaba con 428 empleados en 2018, fecha de su último depósito de cuentas disponible, cuando facturó cerca de 37 millones de euros. El segundo, movió ese mismo año 5,8 millones de euros, cifra que la pandemia recortó a prácticamente la mitad en 2020, cuando cerró el año con 29 personas en su plantilla.

Junto a ellos, otras firmas como Martínez Echevarría -despacho al que se incorporó Albert Rivera tras su salida de la política- o CCS Abogados, también llevaron numerosas reclamaciones de clientes contra la banca. Pero en aquellos años, los despachos especializados en este tipo de casos se contaban con los dedos de las manos.

Las sentencias del Supremo favorables a los reclamadores y la aparición de nuevos frentes -como las cláusulas suelo cuando los tipos de interés pasaron a cero por los efectos colaterales de la crisis financiera- propiciaron la aparición de nuevos actores en este negocio que ha ido creciendo de forma exponencial.

Uno de los últimos fallos ha sido el de las tarjetas revolving ahora que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permite aplicar la ley contra la usura para este tipo de producto financiero.

Esta sentencia se ha convertido en el eslogan de Preico Jurídico, una firma asentada en Barcelona que fue fundada en 2017 por un perito judicial, Raúl Castañeda. Quizás le suene su nombre porque se hizo famoso este verano cuando dejó 4.000 euros de propina en un restaurante de Marbella y lo contó a los medios de comunicación. Aprovechó así el tirón de una polémica desatada en Twitter en los días previos por un financiero que se quejó del servicio de un club marbellí en el que pagó por una cena con champán 4.098 euros.

Raúl Castañeda, Kiko Matamoros y Rafa Mora en algunos vídeos de Preico Jurídicos.

"Soy perito judicial, no abogado. Y, sobre todo, lo que soy es una persona que vengo aquí a hacer justicia contra los usureros. ¿Tú tienes un crédito usurero? Cuenta con mi apoyo porque te voy a ayudar", dice Castañeda en uno de los vídeos promocionales colgados en su web.

El éxito de estos reclamos en España ha conseguido atraer la atención de los fondos de inversión que han cerrado varias operaciones con este tipo de firmas en los últimos años. 

Una de las últimas, que además se hizo pública, fue la compra por parte del fondo Arcano Capital de una cartera de litigios a la plataforma de servicios legales Reclamador.es. El importe de aquella operación alcanzó los 800.000 euros.

Industria de la reclamación

Sin que la gran mayoría de afectados por productos financieros sea consciente, con las demandas que se han ido presentando a lo largo de la última década se ha construido una gran industria de la reclamación en España. Un negocio que tiene efectos colaterales en las cuentas de los bancos y en el alto volumen de trabajo de los juzgados, a pesar de que ya hay jueces que tramitan con especial rapidez este tipo de casos por ser similares entre sí.

La clave de la rentabilidad del negocio está en la capacidad de arrastrar a miles de clientes de forma sencilla con campañas publicitarias y redes sociales para que reclamen contra sus bancos sin incurrir en costes.

De hecho, en un primer momento, era habitual pedir al cliente una provisión de fondos antes de presentar la demanda. Pero, con el tiempo, en muchos casos se ha ido suprimiendo esta provisión y simplemente se pacta denunciar gratis a cambio de que los despachos se lleven un porcentaje del dinero recuperado y las costas del juicio que acaba pagando el banco.

El negocio es redondo si se tiene en cuenta que, solo para una de estas plataformas, puede llegar a ser posible movilizar 3.000 demandas en un año de un mismo servicio o producto, según fuentes financieras.

Partiendo de ese dato y estableciendo una cuantía media a reclamar de 3.000 euros, fuentes jurídicas del sector financiero hacen el siguiente cálculo para EL ESPAÑOL- Invertia: si del importe reclamado, el abogado del denunciante se lleva entre el 10% y el 20%, consigue entre 300 y 600 euros. Pero a esos ingresos hay que sumar que estas plataformas se suelen quedar con la condena a costas de los bancos. Así, con un importe medio del 30%, se suman otros 900 euros. De este modo, un bloque de 3.000 demandas similares por importes medios de 3.000 euros dejaría unos ingresos para esas firmas de entre 3,6 y 4,5 millones de euros.

"El cliente recupera una parte de su inversión, pero la mitad de lo recuperado se va para el abogado", subraya la citada fuente especialista en defender a los bancos en estos pleitos. 

Problema para la banca

Para las entidades financieras, la condena en costas por litigios que tienen ya prácticamente perdidos de antemano se ha convertido en un quebradero de cabeza en los últimos años.

El motivo es que estas plataformas han encontrado un nuevo filón en este tema incorporando en sus denuncias "cuantías indeterminadas", lo que en muchos casos implica que el cliente recupere 3.000 euros y las costas se calculen en función de lo que establecen los colegios de abogados para casos tipo. Esta cifra varía en función de la comunidad autónoma y supone 18.000 euros en Madrid, o hasta 37.000 euros en Zaragoza. 

"En estos casos, es común que el abogado esté ganando más que el denunciante en el juicio", advierte la citada fuente que ha llevado varios litigios de grandes entidades.

Para tratar de no incurrir en esta condena y ahorrarse las costas del juicio, muchas entidades financieras establecieron modelos de arbitraje o negociación con el afectado para pactar una indemnización a cambio de retirar la demanda.

Sin embargo, se han llegado a dar situaciones en las que los abogados o plataformas contratadas por el cliente han tratado de bloquear el acuerdo para no perder ingresos. Situaciones así se dieron, por ejemplo, en el arbitraje por las preferentes de Bankia con un coste que, al final, también fue compartido por el contribuyente como accionista de la entidad a través del FROB.

Y es que la banca ha denunciado en ocasiones cómo algunos de los planteamientos que defienden los representantes de estas asociaciones, plataformas o despachos no cumplen con los principios éticos de la abogacía, entre otras cosas, por el incitamiento al pleito.

Sin embargo, las entidades -que arrastran un fuerte problema de reputación desde la última crisis- prefieren optar por un perfil bajo en comunicación ante este tipo de plataformas. No hay que olvidar que las sentencias sobre estos servicios van en su contra.

Con este contexto, el sector financiero se ha centrado en mejorar sus prácticas y reforzar las garantías de sus contratos para evitar situaciones como estas en el futuro.

Sin embargo, mientras continúan coleando estos casos, las entidades se ven abocadas a sostener el negocio de estas plataformas y siguen esperando en vilo las decisiones judiciales que sirven como base a todas estas reclamaciones. Así se ha visto con las hipotecas -con el IRPH- y con las tarjetas revolving de manera reciente, asuntos que todavía van a permitir movilizar a miles de afectados contra la banca.