A este documento se ha agarrado el banquero italiano durante todo el proceso para defender que Santander había llegado a formalizar su incorporación al banco, si bien la entidad rechaza esta versión, pues opina que la carta-oferta no constituye un contrato.

Y, además, aunque fuera considerada como tal, según el banco ese hipotético contrato no tendría validez para respaldar la millonaria indemnización que el banquero italiano pide a Santander por daños y perjuicios, cercana a los 76 millones de euros.

Cláusula de extinción

No la tendría dado que todas las versiones que se realizaron de esta carta-oferta incluyen una cláusula de extinción de contrato que daba derecho a cualquiera de las dos partes a romper el acuerdo sin causa, sin preaviso y sin derecho a indemnización. 

Este detalle fue revelado el miércoles a lo largo de la declaración como testigo de Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de administración de Santander, que añadió que se trata de una cláusula "estándar" que no fue eliminada en ningún momento.

Ana Botín, presidenta de Santander, llega al juicio por el fichaje fallido de Andrea Orcel en mayo de 2021 junto a Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de administración del banco. EFE

En todo caso, el banco ni siquiera considera que esta cláusula sea necesaria para su defensa, dado que Santander siempre ha afirmado que esta carta-oferta no constituye un contrato. Así lo reiteró el propio Pérez Renovales durante el juicio.

De hecho, para Santander ni siquiera tiene validez el propio nombramiento de Orcel como consejero delegado. No en vano, en la carta-oferta, como se explicó también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 25 de septiembre de 2018 a través de un hecho relevante, se establecían tres condiciones necesarias para que la designación fuera efectiva.

Condiciones indispensables

La primera de esas condiciones, como recordó el secretario del consejo de administración de Santander en el juicio, era que el ejecutivo obtuviera el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE), que debía realizar, como es habitual en el caso de todas las entidades financieras bajo su supervisión, un test de idoneidad al candidato a consejero delegado, un examen conocido en el sector como fit and proper.

En segundo lugar, era necesario que la relación contractual entre Orcel y UBS estuviera extinta, algo que, en todo caso, no iba a tener lugar hasta seis meses después de la fecha en la que comunicó su dimisión a la entidad suiza, que fue el 24 de septiembre de 2018.

Esto es así porque UBS, como hacen muchas otras entidades, obliga a sus altos ejecutivos a dejar un plazo de unos meses entre su salida y su incorporación a la siguiente compañía para preservar la confidencialidad y facilitar la transición, un periodo conocido en el sector como garden leave.

Por último, el nombramiento de Orcel, para ser efectivo, requería que quedara vacante el puesto como consejero que iba a ocupar el italiano en el máximo órgano de gestión de Santander, algo que estaba previsto que ocurriera el 1 de enero de 2019, cuando el entonces presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, saldría de la entidad.

Daños y perjuicios

Otra 'carta' que podría favorecer a Santander es el hecho de que la demanda presentada por Orcel exige una reparación al banquero por daños y perjuicios, al considerar este que la marcha atrás en su nombramiento como consejero delegado le provocó un agravio.

Según defiende su representación legal, el banquero ya había dejado no solo su trabajo, sino su vida en Londres tras anunciarse su nombramiento (algo que ocurrió el 25 de septiembre de 2018) y había empezado los trámites para trasladar a su familia a España con el objetivo de incorporarse a Santander en marzo de 2019.

Andrea Orcel, en una imagen de archivo. Efe

Con todo, parecería difícil afirmar que el prestigio del banquero haya quedado dañado por todo este proceso, habida cuenta de que en enero de este año, dos después de su fichaje fallido, acordó con UniCredit, uno de los bancos más importantes de Europa, convertirse en su nuevo consejero delegado.

Y, lo que es más importante. El banquero no llegó a perder la millonaria remuneración variable que había devengado durante años de servicio en UBS, de la que habría tenido que despedirse en su mayoría al incorporarse a Santander y que constituyó el motivo de ruptura entre el banquero y la entidad española.

Como comunicó en su momento, Santander decidió dar marcha atrás al nombramiento al no poder asumir el coste de su fichaje después de que UBS se negara a pagar el bonus. La idea inicial de Santander era hacerse cargo de una parte y que Orcel convenciera a la entidad suiza de pagar otra parte.

Finalmente, y a pesar de los numerosos contactos que cruzaron Ana Botín (presidenta de Santander), Orcel, Axel Weber (presidente de UBS), Sergio Emotti (entonces consejero delegado de UBS) y varios directivos de ambos bancos, la falta de acuerdo entre las dos entidades llevó a la ruptura y, en consecuencia, frustró el fichaje.

UBS está pagando el bonus

Eso sí, al no incorporarse finalmente Orcel a Santander, el bonus no llegó a perderse. Al contrario. Según reveló Mark Shelton, director de Retribuciones de la entidad suiza, durante el juicio -tras pedir a la representación legal de Orcel ser liberado de su deber de confidencialidad-, UBS ha ido pagando a Orcel su remuneración variable en 2019 y 2020 y sigue haciéndolo en 2021. 

Esto ha sido posible porque, también según el relato de Shelton, la dimisión de Orcel se convirtió en una jubilación, de forma que recuperó ese derecho a cobrar el bonus. No se ha revelado cuánto se ha pagado ya ni si el derecho recuperado es por toda la remuneración variable o solo parte, algo que tendría lógica dado que Orcel trabaja desde abril en UniCredit -UBS ha defendido en el juicio que su política es estricta e implica retirar el bonus cuando un ejecutivo se marcha voluntariamente a otra entidad financiera-.

Esta es precisamente la razón por la cual el pasado mes de mayo, en vísperas del inicio del juicio, la representación legal de Orcel decidió modificar la demanda y pedir al banco una indemnización del entorno de 76 millones de euros, frente a los 112 millones que pedía en un principio, como publicó EL ESPAÑOL-Invertia.

Para que el caso quede visto para sentencia solamente queda un paso. Los letrados de ambas partes deben enviar al magistrado sus conclusiones por escrito, por petición expresa de este, para lo cual tienen diez días.

Será entonces cuando el juez pueda comenzar a analizar todas las pruebas y tomar la decisión de qué parte merece ser declarada ganadora de esta batalla de gigantes en la que están enfrentados los responsables de tres de los mayores bancos de Europa. Una pugna sin precedentes cuyo desenlace, sin duda, será difícil de olvidar en el mundo financiero.