La Audiencia Nacional ha prorrogado otros seis meses más el caso Popular, cuya investigación se inició en octubre de 2017 tras la resolución de la entidad por parte del Banco Central Europeo y su posterior compra por el Santander. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, fechado este jueves.
En el documento, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, alude al "carácter extraordinariamente complejo de los hechos investigados", así como a las múltiples y variadas diligencias que aún quedan por practicar.
En esta causa, la Audiencia Nacional investiga, desde hace ya un lustro, las causas que llevaron al sexto banco más importante del mercado español a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR), que también ha tenido que declarar en este proceso.
Existen dos piezas separadas. La primera afecta a la presidencia de la entidad por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el banco llevó a cabo en 2016. La segunda se centra en los 108 días que Emilio Saracho estuvo al frente de la institución por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.
Tal y como subraya el auto del juez, la Fiscalía también ha apoyado la ampliación de la instrucción, dada su "complejidad" y la imposibilidad de culminar las diligencias que aún quedan pendientes. Antes de acordar esta nueva prórroga, la investigación vencía el próximo 29 de julio. Ahora, terminará el 29 de enero de 2023, aunque Calama puede darla por finalizada antes de esa fecha.
El Ministerio Público también alude a la gran cantidad de documentación que el instructor ha solicitado al Santander, la entidad que compró, por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones de euros, el Banco Popular cuando éste se declaró en quiebra.
Por el momento, la compañía presidida por Ana Patricia Botín no la ha aportado. La Fiscalía aclara que no se debe a una actitud de "resistencia" u "obstáculo", sino que es debido a "la constatación de su volumen y complejidad, que dificulta su localización y ordenación".
El TJUE y el Santander
El pasado 5 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que los antiguos accionistas del Popular no podrán pedir una indemnización al Santander basándose en que el folleto de ampliación de capital previo a su caída contenía información defectuosa.
Apoyándose en la sentencia, la entidad que encabeza Botín solicitó al juez Calama su exclusión del procedimiento como posible responsable civil subsidiario. El magistrado aún no se ha pronunciado sobre esta petición.
Además, dos informes solicitados por el Juzgado al Banco de España aún deben ser ratificados. Uno, de fecha 29 de noviembre de 2021, y un segundo (de 13 de junio de 2022), que, a su vez, amplió uno previo, de 2019.
La ratificación de estos dos informes está señalada para los días 14 y 15 de septiembre de 2022. Asimismo, el juez aún debe pronunciarse sobre otras diligencias solicitadas por las partes. Y no lo hará hasta que se presenten otros informes.
Inviabilidad del Popular
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó las diligencias solicitadas por Ron para investigar las condiciones en las que el Consejo de Administración del Banco Popular acordó declarar la entidad inviable en junio de 2017.
De esta forma, el tribunal confirmó una decisión previa de Calama que ya se había opuesto a practicarlas.
El tribunal consideró "netamente impertinente" la solicitud de Ángel Ron de indagar en el asesoramiento prestado por el bufete Uría Menéndez a los consejeros del Popular y de citar como testigos a varios miembros del despacho.
La Sala también se negó a incluir en el caso Popular los correos electrónicos entre el bufete de abogados y los directivos del banco y tampoco investigará las actas de dicho consejo, el último que celebró la entidad bajo la presidencia ya de Emilio Saracho, el día anterior a que el Santander la absorbiera por un euro.
Los magistrados concluyeron que la declaración de inviabilidad del banco fue tomada de manera libre y consciente por los integrantes del Consejo de Administración, quienes contaban "con una sólida e indiscutible formación financiera y empresarial", suficiente para adoptar "un acuerdo esencial" para el futuro de la entidad.