El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Popular, José Luis Calama, ha rechazado la solicitud del Banco Santander de ser excluido de la causa, en la que figura como posible responsable civil.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín, que adquirió el Popular una vez éste fue declarado insolvente, pidió al Juzgado que le apartara del caso en base a un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó que los antiguos accionistas de la compañía quebrada no podrán pedir una indemnización al Santander basándose en que el folleto de ampliación de capital previo a su caída contenía información defectuosa.

No obstante, Calama considera que dicha sentencia no es aplicable a este procedimiento. El magistrado recuerda que la resolución del TJUE atañe a un proceso civil, no a uno penal, como es el caso Popular.

[El juez prorroga otros seis meses el 'caso Popular' por el carácter "extraordinariamente complejo" de la investigación]

El origen de este fallo del Tribunal de Justicia de la UE se encuentra en una cuestión prejudicial que elevó la Audiencia de A Coruña, después de que el Juzgado de Primera Instancia nº2 coruñés estimara una demanda de dos inversores que habían adquirido acciones en la ampliación de capital del Banco Popular en el año 2016.

Dicha sentencia fue recurrida y la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, antes de resolver, planteó sus dudas al TJUE.

"La posible responsabilidad civil del Banco Santander que se ventila en este procedimiento de naturaleza penal no se ve afectada por la sentencia del TJUE", concluye Calama.

Asimismo, en línea con el criterio del fiscal, Calama considera que la solicitud es "prematura". Así lo consideró el Ministerio Público en un informe, en el que subrayaba que la petición "se anticipa a la terminación de la fase de instrucción".

Tal y como informó EL ESPAÑOL-Invertia el pasado 14 de julio, el magistrado ha acordado prorrogar la investigación otros seis meses más, dado el carácter "extraordinariamente complejo" de la misma y las diversas diligencias que aún quedan por practicarse.

"Sólo cuando el instructor determine los hechos investigados que pudieran ser constitutivos de infracción penal, podremos valorar si de los mismos se derivan daños o perjuicios susceptibles de reparación o indemnización, así como las personas responsables directa o subsidiariamente", determinó el fiscal del caso en su informe, criterio que el magistrado comparte ahora "en su integridad".

'Caso Popular'

En el denominado caso Popular, la Audiencia Nacional investiga, desde hace ya un lustro, las causas que llevaron al sexto banco más importante del mercado español a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR), que también ha tenido que declarar en este proceso.

El Santander compró el Popular, cuando éste se declaró en quiebra, por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.

En la causa existen dos piezas separadas. La primera afecta a la presidencia de la entidad por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el banco llevó a cabo en 2016.

La segunda se centra en los 108 días que Emilio Saracho estuvo al frente de la institución por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.