Salimos de dudas. El nuevo impuesto a la banca que se presenta este jueves en el Congreso no va a gravar los beneficios de las entidades financieras. La opción elegida por Hacienda radica en la base del negocio: el margen, los intereses y las comisiones.

Así lo confirman fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL, que explican que bajo estos parámetros el ministerio que lidera María Jesús Montero confía en que la nueva norma cumpla con su objetivo de recaudación: 3.000 millones de euros en dos años. La intención de Psoe y Podemos, que registrarán la iniciativa en el Congreso, es que tenga un carácter "extraordinario" y que esté vigente durante los dos próximos años. 

Según publicó Bloomberg hace unos días, la intención del Gobierno era gravar estos conceptos con un 5%. De este modo, se pondría una especie de IVA sobre los cargos por servicios e intereses de las entidades financieras. Sin embargo, todavía no es seguro que esto se vaya a producir de esta manera. 

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Con la estructura adoptada por Hacienda se da un 'mordisco' a la línea de flotación de las entidades financieras. Es decir, a su día a día. Sólo en comisiones, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB), las entidades lograron 12.895 millones de euros el año pasado (un 1,6% más que en 2020). Eso sí, hablamos del negocio en España y no del internacional que es lo que gravará el nuevo impuesto. 

Los técnicos de Hacienda buscan también evitar que los bancos aprovechen los 'beneficios caídos del cielo' por las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Según la AEB, el pasado curso las entidades lograron ingresar 18.134 millones de euros (-2,4%) mientras que los márgenes brutos les reportaron algo más de 29.000 millones, un aumento del 4,7%.  

El nuevo impuesto está basado en el llamado Financial Activity Tax (FAT) propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pasada crisis financiera. Su idea es la de imponer una especie de IVA bancario que, en este caso, pagan directamente los bancos y que no se puede repercutir. 

La normativa, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras, establecerá también la "prohibición" de que las entidades trasladen los costes a los clientes. Para ello, tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Banco de España (BdE) tendrán que controlar la evolución de estos parámetros para asegurarse de que no existen desviaciones atípicas respecto a años precedentes. 

La vigilancia 

Está por ver cómo se estructura la vigilancia por parte de la CNMC ya que no tiene capacidad de vigilancia sobre el sistema financiero. De hecho, según explican fuentes cercanas al organismo de competencia, están pendientes de la letra pequeña para negociar con Hacienda de qué manera se va a estructurar esa nueva encomienda. 

Lo más probable, por lo que ha dejado entrever Montero estos días, es que se cree una nueva oficina en la CNMC que se ocupe de atar en corto a las entidades financieras. Sin embargo, todavía no se conoce cómo se articulará legalmente ni cuáles serán sus funciones concretas más allá de la vigilancia del impuesto. 

Desde el departamento que dirige Cani Fernández evitan hacer comentarios al respecto. Sin embargo, otras fuentes consultadas explican que -por ahora- impera el compás de espera hasta conocer cuál es la propuesta de Hacienda. A partir de ahí, explican, se negociará para dar cumplimiento al mandato del Gobierno.

Energéticas

Ya tenemos algunas pistas en torno a la creación del impuesto a la banca, pero falta por conocer qué va a ocurrir con las energéticas. La intención del Gobierno es también evitar que puedan beneficiarse de las subidas de precios de los últimos meses. De ahí que se vaya a hacer también una propuesta sobre la misma. 

¿De qué manera se va a articular? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Sin embargo, este miércoles tanto José Bogas -CEO de Endesa- como el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, han salido a la carga para recordar que sus negocios en España recortan resultados y que "no hay beneficios caídos del cielo". Por tanto, se preguntan los motivos por los que el Gobierno quiere gravar su negocio.