Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos presentaron el jueves la proposición de ley para la creación de un impuesto temporal a las eléctricas y otro a la banca con el objetivo de gravar los "beneficios extraordinarios" que consideran que ambos sectores van a obtener en el actual contexto de elevada inflación.

En el primer caso por la subida del precio de la luz y en el segundo por el inicio del proceso de normalización monetaria, que se materializa en subidas de los tipos de interés en la zona euro por primera vez en once años. La propuesta de los grupos es gravar con el 1,2% los ingresos de las energéticas y con el 4,8% los intereses y las comisiones de los bancos.

[El nuevo impuesto gravará con el 1,2% los ingresos de las energéticas y con el 4,8% los intereses de los bancos]

Desde el sector financiero llevan semanas dando a conocer su rechazo a este nuevo gravamen, que consideran injusto, dado que creen que la banca ya está sometida a una elevada fiscalidad. Además, opinan que los beneficios que obtendrán las entidades por la subida de los tipos no son extraordinarios, sino fruto de una normalización monetaria que llega tras años de una situación anómala en la que han salido perjudicados. Y, según explicaba el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, no servirá para combatir la inflación.

En el sector preocupan, principalmente, dos cuestiones. Por una parte, el hecho de que el gravamen no se aplique a todo el sector, puesto que la proposición de ley incluye un umbral a partir del cual algunos bancos pueden estar exentos. Según la misma, solamente se obligará a aquellos bancos que en el ejercicio 2019 (el último previo a la pandemia, para evitar distorsiones) obtuvieran más de 800 millones de euros entre ingresos por comisiones y por intereses.

Exclusión de entidades

Esta particularidad incluye a prácticamente toda la banca grande y mediana, si bien excluye a algunas entidades. Algo que en el resto del sector no ha sentado nada bien por la "distorsión" que podría suponer en la competencia, según explican fuentes financieras a EL ESPAÑOL-Invertia. Lo cierto es que el impuesto se ha vendido como un gravamen al beneficio que va a obtener la banca por la subida de tipos, algo que no tiene nada que ver con el tamaño de la entidad.

De hecho, el jueves el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, pedía antes de conocer los detalles del impuesto que se aplicara la "neutralidad". "El gravamen debe respetar el marco de competencia entre entidades. No puede perjudicar o favorecer a unas entidades frente a otras. Debe ser neutral y gravar por igual a todas las entidades en España", apuntó el banquero.

Por otra parte, preocupa en el sector el hecho de que se graven los ingresos y no los beneficios, puesto que para obtener las ganancias de la entidad, como ocurre en todos los sectores, a la facturación hay que restar numerosos elementos que en este impuesto no se están teniendo en cuenta. De esta forma, podría darse el caso de una entidad que haya registrado pérdidas por la dotación de provisiones o por cualquier extraordinario, pero esté obligada a pagar este impuesto.

En el sector también rechazan otros detalles jurídicos sobre la configuración del impuesto, si bien recuerdan que el proceso de aprobación del mismo será largo, dado que debe pasar por debate parlamentario antes y es posible que sufra modificaciones.

[La patronal bancaria dice que el sector "ya contribuye a la economía" y que el nuevo impuesto dañará el crédito]

En todo caso, algunas fuentes financieras no descartan que el tema termine en los tribunales o que se presente algún recurso de inconstitucionalidad frente a la ley, si bien esta es una vía reservada al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a cincuenta diputados o a cincuenta senadores. No obstante, otras fuentes del sector ven improbable que se pelee el impuesto en los tribunales.

Por el momento, el único pronunciamiento en público al respecto ha sido el de María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, que hace unos días ya amenazaba con "pelear" el impuesto para evitar pagarlo. "Si hay que hacerlo [pagar el impuesto], lo haremos, pero si tenemos resquicios para no hacerlo porque jurídicamente nos asiste el Derecho, como es un impuesto absolutamente injusto lo pelearemos", dijo.

Las eléctricas, a los tribunales

En las eléctricas también se está estudiando el impuesto con detalle para encontrar algún resquicio legal por el que sortearlo. Fuentes del sector eléctrico confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que las probabilidades de que el tema termine en los tribunales son "altas".

El propio Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, apuntaba durante la conferencia con analistas para presentar sus resultados que España cuenta con una "jurisdicción segura". "Os digo que no tengo ninguna duda de que nuestro marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria", apuntó.

"Contra las medidas arbitrarias, el imperio de la ley y la seguridad jurídica son afortunadamente claves en la UE. Así que seré muy claro: estoy confiado porque sabemos que tenemos un sólido marco constitucional y legal y que tanto el mercado español como el europeo son mercados que protegen la actividad empresarial de cualquier iniciativa arbitraria. Y haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañía", expuso.

Y es que la presentación de este impuesto ha coincidido con las fechas de rendición de cuentas de las empresas cotizadas, momento en el que, como cada trimestre, tanto los empresarios del sector eléctrico los banqueros se someten a las preguntas de los analistas y de los medios de comunicación (esto último solo en algunos casos).

"Beneficios caídos del cielo"

Al igual que ocurre en la banca, en el sector eléctrico consideran que no obtienen "beneficios caídos del cielo" del contexto actual, sino que, como explicó Imaz, "los márgenes son cíclicos" y no hay que olvidar "los miles de millones de euros de pérdidas registradas en los años anteriores".

Una visión algo diferente a la que expuso Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el miércoles. "Hasta donde yo sé, las compañías energéticas que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas", señaló el empresario.

José Bogas, consejero delegado de Endesa, por su parte, señaló que la compañía no obtiene "beneficios extraordinarios en esta coyuntura" y que, además, no están trasladando el aumento de los precios a los clientes.

Lo cierto es que a ambos impuestos les queda aún un largo camino antes de estar en funcionamiento. Los socios de Gobierno quieren que la ley que los pone en marcha esté aprobada como tarde la última semana del año para evitar que el próximo ejercicio tuviera que aplicarse con retroactividad. Entre tanto, pueden producirse numerosos cambios, tanto por la presión de los sectores como por iniciativa de los grupos parlamentarios. El partido no ha hecho más que comenzar.