Las críticas a los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas llegan desde todos los frentes. Este viernes es el Grupo Vasco el que lamenta que estos tributos, presentados el jueves por el PSOE y Unidas Podemos a través de una proposición de ley, "chocan frontalmente" con los sistemas fiscales que operan en el País Vasco y Navarra y "generan un perjuicio directo a la ciudadanía de ambos territorios".

Desde el grupo parlamentario del PNV se considera que, "pese a compartir el fondo", la forma en la que se han planteado estos gravámenes "genera un serio problema", dado que se han configurado "como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias", en lugar de como un impuesto tal cual para evitar que se interprete como una doble fiscalidad, como informó EL ESPAÑOL-Invertia.

Según explica el Grupo Vasco en un comunicado, la forma de este nuevo gravamen "impide la concertación de estos nuevos impuestos, imposibilitando que sus Haciendas puedan recaudar un solo euro de lo gravado a las empresas de los sectores bancario y eléctrico". En la práctica, implica que los impuestos que se recauden de compañías como Kutxabank "irán directamente a las arcas del Estado".

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Es por ello que desde el Grupo Vasco emplazan a los socios de gobierno y al propio Ejecutivo a "establecer una línea de diálogo y negociación" para que "se reconozca en su articulado la capacidad para gestionar estos gravámenes por parte de las Diputaciones Forales y recoger en el texto normativo la salvaguarda foral".

"No hacerlo supondría ignorar el Concierto vasco y el Convenio Navarro, no respetar el marco jurídico vigente y generar, a la postre, un serio perjuicio a la ciudadanía vasca y navarra, teniendo en cuenta además el peso que ambos sectores tienen en las economías de estos territorios", añaden.

Intereses y ventas

Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos registraron el jueves una proposición de ley para la creación de dos tributos que gravarán con el 1,2% los ingresos de las energéticas y con el 4,8% los intereses y comisiones de los bancos.

Una iniciativa con la que pretenden recaudar unos 7.000 millones en dos años (3.000 millones por parte de la banca y 4.000 millones de las eléctricas) y que ya ha levantado sonadas críticas en los sectores bancario y eléctrico, que tachan a estos gravámenes de injustos.