La subida de los tipos de interés está encareciendo a marchas forzadas las hipotecas variables, que están vinculadas en su mayoría al Euríbor. Es por eso que la protección de las familias vulnerables afectadas por esta situación ha saltado al debate público y el Ministerio de Asuntos Económicos está intensificando los contactos con la banca para tratar esta materia, entre otras.
Gonzalo García, secretario de Estado de Economía, está siendo el encargado de mantener esta semana sendas reuniones con las dos principales patronales del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) -a la que están asociados Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter, entre otros- y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) -donde unen esfuerzos entidades como CaixaBank, Unicaja o Ibercaja-.
Con la AEB mantuvo una reunión el número dos de Calviño el pasado martes, mientras que con la CECA el encuentro se produjo el jueves, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.
Motivo de preocupación
En el primer caso, Economía informó de que la reunión había servido para abordar "la importancia de asegurar que las medidas en vigor para proteger a los deudores hipotecarios vulnerables son eficaces y suficientes frente al incremento de los tipos de interés". También otros temas, como la inclusión financiera en el ámbito rural o el papel de las entidades en la canalización de los préstamos del Plan de Recuperación.
Y es que la situación de las más de cuatro millones de familias que tienen firmada una hipoteca variable se ha convertido en un motivo de preocupación para el Gobierno toda vez que varios grupos parlamentarios han puesto sobre la mesa la necesidad de tomar medidas para protegerlas.
Todo a pesar de que la hipoteca variable es solo una de las tres modalidades que pueden elegirse en el mercado, junto con la fija, que evita los vaivenes del Euríbor con una cuota estable durante todo el préstamo, y la mixta, que permite disponer durante diez o quince años de una cuota fija, que se convierte en variable después.
En todo caso, el foco se ha puesto en los hipotecados que firmaron un préstamo variable, que son los que están viendo cómo sus cuotas se encarecen por la escalada del Euríbor después de años de abaratamiento de las mismas debido a la fuerte caída del índice y su etapa de seis años en terreno negativo.
Dos medidas han protagonizado el debate. Por una parte, el límite a las hipotecas variables que Unidas Podemos ha propuesto para las familias vulnerables durante un año y, por otro, el fondo de rescate a hipotecados que planteó ERC días después de ponerlo sobre la mesa UGT.
El ala socialista del Gobierno rechazó la primera de las medidas, como ya contó este periódico, aferrándose a la "libre competencia" en la UE.
Código de Buenas Prácticas
En todo caso, desde el Ejecutivo se insiste en que ya se han tomado medidas para proteger a la población vulnerable del aumento exacerbado de la inflación, que en agosto marcó el 10,5%. En las reuniones con la banca, Economía está tratando de asegurarse de que estas medidas son "eficaces y suficientes" o si es necesario hacer algo más.
Por lo pronto, el sector bancario suscribió hace ahora una década, tras la crisis financiera, un Código de Buenas Prácticas para el ámbito hipotecario, que afecta a los deudores que no puedan hacer frente al pago del préstamo.
En el mismo se contempla que la banca tiene un mes para dar respuesta a una persona que solicite una reestructuración de su deuda hipotecaria y, si se encuentra en riesgo de exclusión, debe ofrecerle condiciones que el cliente pueda afrontar para devolver el préstamo. También contempla la dación en pago, es decir, entregar la vivienda a cambio de cancelar la deuda.
Este Código de Buenas Prácticas cubriría la situación actual, si bien existe la posibilidad de ampliarlo. Será el Gobierno quien decida, tras tratar el tema con el sector, si es necesario dar un paso más.