Ángel Ron, el penúltimo presidente del Banco Popular antes de su quiebra, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional tras la admisión a trámite de dos querellas interpuestas por accionistas que acudieron a la ampliación de capital que la entidad suscribió en 2012.
Ante el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Ron ha negado cualquier irregularidad en dicha operación o en su folleto, que era "claro y transparente". Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio, que ha durado algo más de una hora.
En sede judicial, el expresidente del Popular ha subrayado que el propio consejo del banco acudió a dicha ampliación de capital, invirtiendo, en conjunto, más de 500 millones de euros del total de 2.500. Por ello, a preguntas de su abogado, ha insistido en que "nadie invierte 500 millones si busca estafar".
Asimismo, Ron, a lo largo de su declaración, ha insistido en que la ampliación fue respaldada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supervisada por el Banco de España y "ayudó a la reestructuración financiera del país". Especialmente, con la compra del Banco Pastor, adquirido por el Popular ese mismo 2012.
Y ha remarcado la "elevada rentabilidad" y los "enormes retornos" de los que pudieron disfrutar los consejeros y demás inversores. "La acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación prácticamente hasta la disolución del banco en 2017", ha manifestado, según relatan las mismas fuentes.
La investigación que instruye Pedraz se centra, únicamente, en la ampliación de capital de 2012. Se deriva de las querellas de medio centenar de accionistas que acusan a Ron y al resto de la cúpula del banco de maquillar las cuentas para captar inversores. No obstante, otro Juzgado, el Central de Instrucción número 4 que encabeza el juez Calama, se encarga, desde hace cinco años, del llamado caso Popular.
El 'caso Popular'
Este último aborda las causas que llevaron al sexto banco más importante del mercado español a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR), que también ha tenido que declarar en este proceso.
Del caso Popular existen dos piezas separadas. La primera afecta a la presidencia de la entidad por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo otra ampliación de capital posterior, en 2016.
La segunda indaga en los 108 días que Emilio Saracho, sucesor de Ron, estuvo al frente de la institución por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.
En un auto avanzado por EL ESPAÑOL-Invertia, el juez Calama acordó el pasado julio ampliar la instrucción de esta causa hasta enero de 2023, dado el carácter "extraordinariamente complejo" de la investigación, iniciada hace ya un lustro.
La ampliación de 2012
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL-Invertia, sin recurrir a las ayudas públicas, en 2012, el Banco Popular presidido entonces por Ron anunció una ampliación de capital para captar 2.500 millones de euros, que investiga ahora el juez Pedraz.
Ron, este miércoles, en la Audiencia Nacional.
A aquella operación acudió todo el consejo de la entidad, que invirtió, en conjunto, 520 millones de euros. En ese órgano de administración, además de Ángel Ron, estaban sentados accionistas como Allianz, Crédit Mutuel, la Sindicatura de Accionistas, el conocido inversor Américo Amorim o la Unión Europea de Inversiones.
Y pese a las dificultades que atravesaba la banca internacional en aquellos años, la ampliación se cerró tras recibir una sobredemanda del 83,36% de las acciones previstas para la colocación. Así, un 50% —1.260 millones de euros— se colocó entre minoristas, un 23% se quedó en manos del consejo y el resto, entre inversores institucionales; muchos de ellos, extranjeros.
El Santander
El Banco Santander compró el Popular, cuando éste se declaró en quiebra en 2017, por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.
No obstante, en el auto en el que admitía a trámite la segunda de las dos querellas, Pedraz aclaraba que "ha de excluirse al Santander como responsable penal, al que las partes querellantes consideran responsable como sucesor del Popular".
Sin embargo, el magistrado dejaba la puerta abierta que, a lo largo de este proceso, la entidad que preside Ana Botín pudiera ser considerada como responsable civil subsidiario.