Bankinter tiene absolutamente claro que va a recurrir ante los tribunales el nuevo impuesto a la banca, al que el Congreso dio luz verde la pasada semana. Por su parte, desde CaixaBank e Ibercaja no se cierran a la posibilidad, pero no lo afirman tan categóricamente.
"¿Vamos a recurrirlo? Al día siguiente de pagarlo. Lo tengo clarísimo", ha afirmado María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, durante el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión.
La banquera ha explicado que no solamente van a recurrirlo para evitar "el daño" a sus clientes, trabajadores y accionistas, sino porque es necesario "luchar por tener un sistema tributario sólido, sostenible y que responda a criterios técnicos, no a caprichos".
Dancausa ha cargado duramente contra el impuesto, que considera que tiene "bases endebles que no responden a ninguna justificación".
"Lo han aprobado a pesar de los cientos de informes bien fundados por parte de expertos jurídicos y económicos que se han manifestado en contra de un impuesto de estas características. No nos queda otra opción que acatarlo, pero nos parece injusto, discriminatorio y confiscatorio", ha añadido.
Ibercaja y CaixaBank
Por su parte, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha afirmado que "muy probablemente" el banco lo recurrirá en los tribunales. "Todos consideramos que es un impuesto poco proporcionado, arbitrario, que contradice los principios del Derecho de este país y que puede perjudicar a la economía y a la sociedad", ha señalado en el mismo foro.
Para Iglesias, además, este impuesto llega en "un momento de incertidumbre", que "no parece el más adecuado". Y ha añadido que "es muy probable que Ibercaja lo recurra posteriormente en los tribunales".
"No parece que sea lo mejor. Los establecimientos en los que se basa el gravamen no son ciertos. No son beneficios caídos del cielo, porque estos el BCE los acaba de suprimir. Tampoco es verdad que no arrimemos el hombro como sector", ha apuntado.
Por último, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha apuntado que el banco, participado al 16% por el Estado, lo recurrirá si, tras analizarlo, considera que el texto "no es conforme a Derecho". En esta situación, "nuestra obligación como gestores es recurrirlo", ha dicho.