La banca va a tener su ansiado papel como canalizadora de parte de los préstamos que llegarán a España dentro del marco de los fondos Next Generation EU. En total, pasarán por las manos de las entidades unos 35.000 millones de euros que estas tendrán que hacer llegar a las empresas, cuyo riesgo deberán analizar concienzudamente.

Desde que empezó a materializarse la posibilidad de que España recibiera fondos por parte la Unión Europea para mitigar el impacto económico de la pandemia los bancos se han querido posicionar como actores relevantes a la hora de distribuirlos hacia sus destinatarios finales aprovechando la capilaridad de la que disponen por su red de oficinas y su relación con clientes empresariales.

"Vamos a tener el papel que hemos reclamado desde hace tiempo", explica a este periódico una fuente financiera, que concreta que las entidades serán responsables de valorar el riesgo de las operaciones, si bien la decisión final se tomará en función de ciertos criterios de elegibilidad que fijará el Gobierno.

35.000 millones para dos fondos

Las entidades financieras van a tener un papel clave en la distribución y el control del riesgo de prestamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que podrían alcanzar los 35.000 millones de euros. En dos de los 12 fondos diseñados para movilizar los 86.000 millones que corresponden a España, los bancos españoles serán el punto de unión entre el origen de los préstamos y sus destinatarios finales.

En primer lugar, las empresas y los autónomos podrán contar con hasta 15.000 millones de euros en préstamos que serán canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la banca. Este instrumento pretende movilizar importantes partidas para facilitar las inversiones en energías renovables y eficiencia energética.

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Además, el Gobierno pondrá en marcha el Fondo para comunidades autónomas. En este caso contará con 20.000 millones de euros que se asignarán a las diferentes regiones.

Gracias a este vehículo las comunidades autónomas contarán con una vía de financiación reembolsable que podrán poner en manos del sector privado a través de las entidades financieras para financiar inversiones públicas en ámbitos elegibles de carácter sostenible.

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Los préstamos procedentes de la Comisión Europea contarán con unos tipos de interés muy competitivos al equiparse al coste de endeudamiento comunitario.

Aunque fluctuará en función a la evolución general de la economía, tendrán un coste asociado menor al del propio Tesoro Público español. Los beneficiarios podrán devolver estas ayudas en 30 años con 10 años de carencia sobre el principal. El Estado pedirá a la Unión Europea los créditos en función de las necesidades que vayan teniendo las empresas, es decir, a demanda.

Papel relevante

Desde hace meses los bancos han estado trabajando en cómo colaborar para hacer llegar los fondos europeos a sus destinatarios. Muchos lanzaron programas de apoyo a las empresas, con servicios como asesoramiento o buscadores de ayudas. Sin embargo, no querían que su papel se quedara ahí, sino que siempre han deseado ser distribuidores de los fondos, algo para lo que se les abre ahora la oportunidad.

Ya durante el II Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia la entonces secretaria de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, prometió a la banca que jugaría un papel "relevante" para la transmisión de las políticas económicas que activaría el Gobierno con los fondos europeos. Más de un año después así va a ser.

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Si hay algo de lo que el Gobierno y la banca están muy orgullosos es de la colaboración público-privada que mantuvieron durante la pandemia con el desarrollo de los conocidos como créditos ICO, es decir, los préstamos con aval del Estado que canalizó la banca junto a la entidad pública y que permitieron a miles de empresas frenar el golpe que la paralización de la actividad iba a suponer para sus cuentas.

Ahora el Gobierno quiere replicar ese modelo de colaboración con el ICO y la banca con la distribución de los préstamos que llegarán de la Unión Europea. Cierto que estos no tendrán aval estatal, pero el éxito en la canalización de la financiación es el que quiere repetirse en este momento.