El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, teme que, tal y como se está diseñando la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, las entidades den la razón al cliente sin tenerla en cualquier reclamación por debajo de 250 euros y al final acabe habiendo más conflictos.

Durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, y tal como informa la agencia Efe, Hernández de Cos ha dejado claro que frente a la opción de crear una nueva autoridad de defensa del cliente financiero, el Banco de España prefiere el modelo Twin Peaks, que reparte en dos agencias la supervisión de solvencia y la de conducta.

Para él, esta opción sería la "óptima", sin embargo, ha explicado, el Gobierno ha optado por un modelo híbrido que no permite beneficiarse del modelo integrado.

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El principal reto, en su opinión, es que la separación de la función de resolución de reclamaciones de las autoridades supervisoras no dificulte el adecuado desarrollo de la labor de supervisión de la conducta.

Por eso aboga por una adecuada coordinación y transmisión de información entre la nueva autoridad y los tres supervisores sectoriales: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros.

Cooperación

El proyecto de ley, no obstante, prevé diversos mecanismos de cooperación, ya que establece el intercambio de información entre las autoridades y la posibilidad de convenios de colaboración.

El gobernador del Banco de España ha elogiado que el proyecto de ley para crear la autoridad de defensa del cliente financiero considere vinculantes las resoluciones en las que se reclamen menos de 20.000 euros.

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Y para las que sean de mayor importe, en las que el cliente puede acudir a los tribunales, Hernández de Cos ha planteado una vía alternativa a la judicial como, por ejemplo, un sistema de autoadhesión por parte de las entidades, que aceptarían de antemano la obligación de cumplir con las resoluciones de la nueva autoridad.

El máximo responsable del Banco de España advierte además de que pueden surgir dificultades prácticas para los jueces y magistrados, ya que las reclamaciones por encima de 20.000 euros, de ser recurridas, serán tratadas por la jurisdicción civil y no por la contencioso-administrativa. Es decir, dos jurisdicciones distintas estarían resolviendo sobre las mismas materias y ello podría posibilitar la existencia de criterios distintos entre jurisdicciones civil y contencioso-administrativo, ha subrayado.

Financiación

Además, Hernández de Cos ha mostrado sus dudas sobre el sistema de financiación de la nueva autoridad, que pretende cobrar de forma generalizada 250 euros a cada entidad por las reclamaciones que reciban de los clientes. Frente a esta opción, el gobernador aboga por requerir el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad y no meramente las tramitadas.

Cobrar 250 euros por cada reclamación, ha argumentado, puede provocar que cualquier disputa por un importe inferior a esa cantidad sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado a la normativa y a las buenas prácticas para no incurrir en un gasto mayor. Eso, al final, podría generar un incremento de los conflictos entre los clientes y las entidades financieras.