Era previsible que una venta como la de Credit Suisse, acordada a contrarreloj y posible solo mediante varios cambios legislativos, levantara la oposición de muchos. Y más teniendo en cuenta que implica la posibilidad de desembolsar hasta 9.000 millones de francos en ayudas públicas, que se hizo sin autorización de los accionistas (ni siquiera a posteriori) y que, pese a estos dos elementos, no se trata de una intervención pública.

La Fiscalía Federal de Suiza sospecha que algo puede no estar bien. Según publicaba el domingo Financial Times, el ministerio público suizo ha abierto una investigación sobre la venta de Credit Suisse a UBS, a pesar de que fue respaldada por las autoridades financieras y gubernamentales del país.

[La Fiscalía Federal suiza abre una investigación sobre la venta de Credit Suisse a UBS]

En concreto, la Fiscalía Federal, basada en Berna, está estudiando posibles infracciones de la ley penal suiza por parte de los funcionarios del Gobierno, los reguladores y los ejecutivos de ambas entidades que tomaron parte en la operación de venta de emergencia para evitar la quiebra de Credit Suisse.

"La Fiscalía Federal quiere cumplir de forma proactiva su misión y su responsabilidad de contribuir a crear un sistema financiero suizo limpio y ha establecido una vigilancia para tomar acciones inmediatas en cualquier situación que se encuentre dentro de su campo de acción", apuntaban fuentes del organismo al diario británico.

Debate en el Congreso

La Fiscalía no es la única que quiere investigar lo sucedido. La mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento se han mostrado a favor de celebrar un debate extraordinario en la Cámara sobre la operación, que se celebrará entre el 11 y el 13 de abril.

El objetivo es, de acuerdo con la prensa del país, discernir si es necesario convocar una comisión de investigación para aclarar responsabilidades en la caída de Credit Suisse, el que por el momento y hasta su integración en UBS es el segundo mayor banco de Suiza.

Imagen de la rueda de prensa del Gobierno de Suiza para anunciar la compra de Credit Suisse por UBS el pasado 19 de marzo. Reuters

Un mes después está previsto que tanto el Congreso como el Senado celebren sendas audiencias en la que probablemente deban testificar Karin Keller-Sutter, ministra de Finanzas suiza; Marlene Amstad, presidenta de la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), y Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional de Suiza.

Y es que la venta acelerada de Credit Suisse a UBS logró el respaldo de las autoridades, pero no el de la sociedad suiza. Más de la mitad de los ciudadanos del país no aprueba la operación, de acuerdo con una encuesta realizada en la semana posterior a la venta por el centro de investigación gfs.bern para la Swiss Broadcasting Corporation (SRG/SRR).

De hecho, solo uno de cada veinte suizos, el 5%, apoya con firmeza la decisión tomada por las autoridades, mientras que otro 30% respalda algún punto de la operación. Como detalle, el 41% de los suizos francoparlantes se muestra a favor de la decisión, mientras que esta cifra es de solo el 33% en el caso de los germanoparlantes.

En cuanto a posibles alternativas, el 40% de los encuestados considera que una toma de control temporal por parte de las autoridades suizas habría sido mejor, mientras que el 23% estaría a favor de haber declarado en bancarrota a la entidad.

[Credit Suisse es uno de los únicos treinta bancos sistémicos del mundo: por qué es importante que no quiebre]

Otra encuesta realizada a economistas suizos por parte del instituto de investigación económica KOF para el diario Neue Zuercher Zeitung desprende resultados similares. Casi la mitad piensa que la operación no fue la mejor solución y que afectó a la reputación de Suiza como centro financiero.

El 48% de los economistas apunta que habría sido mejor una intervención estatal y una venta posterior, mientras que solamente el 19% considera que la opción que se tomó fue la adecuada.

Accionistas, bonistas y el frente legal

Los inversores de Credit Suisse tampoco se han quedado a gusto, pues la operación implica una minusvalía considerable respecto a su valor en la jornada bursátil justo anterior a la venta. No en vano, los accionistas recibirán una acción de UBS por cada 22,48 títulos de Credit Suisse en su posesión, lo que equivale a 0,76 francos por acción. Un total de 3.000 millones de francos por todo el capital.

En la última sesión antes de la operación las acciones de Credit Suisse valían en torno a 3 euros, más del triple. Sin embargo, el golpe es todavía peor para accionistas veteranos de la entidad. En 2007, las acciones valían más de 80 euros.

Estos inversores han sufrido otro perjuicio y es que, gracias a un cambio legal puesto en marcha en el momento de la venta de la entidad, ni los accionistas de Credit Suisse ni los de UBS fueron consultados sobre la operación. Esto significa que no van a dar su aprobación ni siquiera tras haberla ejecutado, lo que es posible que dé pie a otro frente legal.

El disgusto de los accionistas va a quedar patente esta semana, pues tanto Credit Suisse como UBS celebran sus respectivas juntas generales, en las que se prevén tensiones y el rechazo de los accionistas a la operación, que vertirán contra los primeros ejecutivos de las entidades.

Los logos de UBS y Credit Suisse en distintos edificios. Denis Balibouse Reuters Zúrich (Suiza)

Y eso que los accionistas van a recibir algo por su inversión, todo lo contrario a los tenedores de deuda AT1, los conocidos como CoCos en el argot financiero, cuya inversión se amortizó a cero en el momento en el que se acordó la venta.

Esta circunstancia llamó la atención en el sector financiero. No porque se decidiera amortizar estos bonos, que es algo esperable por la naturaleza de los mismos, sino porque se hiciera antes de amortizar las acciones, que van por delante en el orden de prelación en caso de quiebra, como está aceptado internacionalmente.

[UBS planea recortar 36.000 empleos en todo el mundo tras absorber Credit Suisse]

De hecho, los supervisores europeos -el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Junta Única de Resolución (JUR)- se desmarcaron de esta actuación, pues salieron horas después a aclarar que eso no ocurriría en el caso de una resolución en la Unión Europea.

La operación, además, va a levantar la oposición de otro colectivo: sus empleados. Precisamente el domingo se conoció que UBS tiene previsto recortar unos 36.000 puestos de trabajo en todo el mundo, lo que supone en torno a un 20% y un 30% de su plantilla global, una vez integre Credit Suisse.

Del total, en torno a un tercio, unos 11.000 puestos de trabajo, corresponderían a Suiza, según informaba el diario suizo Sonntagszeitung citando una fuente de la dirección de UBS. La dirección de la entidad deberá negociar las condiciones con los representantes de los trabajadores.