Esta Autoridad podrá sancionar con hasta 1.000 euros a aquellos que interpongan quejas "a la mala fe apreciada". En concreto, en este supuesto el organismo podrá castigar con entre 50 y 250 este comportamiento por parte del cliente, pero si este reincide la multa ascenderá a 500 euros (al multarle por segunda vez), a 700 euros (tercera vez) o a 1.000 euros (cuarta vez y siguientes).

Estas sanciones solamente se podrán imponer si la Autoridad ha desestimado la reclamación del cliente, que podrá recurrir la multa ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

[El Congreso aprueba la Autoridad del Cliente Financiero para gestionar las reclamaciones de los clientes]

Y no solo eso. La normativa también contempla multas para aquellos clientes a los que se les inadmitan reclamaciones infundadas o con contenido vejatorio de forma reiterada durante un año.

La sanción será de entre 50 y 200 euros, si bien los límites aumentarán en el caso de que el cliente sea reincidente. Así, se elevarán a 300 euros la segunda vez que muestre este comportamiento, a 400 euros la tercera y a 500 euros a partir de la cuarta. Del mismo modo, el cliente podrá acudir a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo para recurrir la multa.

Hasta 2.000 euros por resolución

Respecto a las resoluciones favorables al cliente de la Autoridad, si las reclamaciones son de contenido económico se podrá acordar que se le devuelvan los importes indebidamente cobrados más los intereses de demora correspondientes.

Si no tiene un contenido económico y la Autoridad considera que se ha producido una vulneración de los derechos del cliente, ya sean los recogidos en la normativa de conducta o los de los códigos de autorregulación de adhesión voluntaria (como el relativo a las hipotecas), se podrá fijar una compensación de entre 100 y 2.000 euros. No obstante, un reglamento que se aprobará más adelante recogerá una tabla de compensaciones máximas.

La famosa tasa

Tanto los bancos como las aseguradoras y el resto de empresas afectadas por el ámbito de actuación de esta nueva Autoridad -todas las supervisadas por el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros- deberán abonar una tasa anual para financiar su actividad.

En un principio esta iba a ser de 250 euros por cada reclamación, si bien el esquema de financiación ha cambiado tras el paso de la normativa por la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso y ante las sonadas quejas del sector financiero.

[Los clientes de banca que reclamen a la nueva Autoridad por falta de información y ganen recibirán hasta 2.000€]

Ahora el 40% del coste se pagará en función de las reclamaciones que reciba cada entidad -las que más reciban, más aportarán-, mientras que el 60% restante se abonará dependiendo de las resoluciones favorables a los clientes que reciba cada una -cuantas más desfavorables al banco o a la empresa, más deberán pagar-.

Antes del 30 de abril de cada año la Autoridad hará pública una memoria en la que se recogerán sus gastos del ejercicio anterior, entre otros datos relevantes, que servirán para calcular las tasas, que se devengarán el 31 de diciembre de cada año. En enero se abonará un pago anticipado de la tasa, mientras que el resto deberá desembolsarse no más tarde de abril.

Cinco años y tres ministros

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero está un paso más cerca de ser una realidad después de que hayan hecho falta más de cinco años, tres legislaturas y tres ministros de Economía para completar su puesta en marcha. Un camino tortuoso tras el cual este proyecto se aprueba con un considerable retraso, habida cuenta de que fue una directiva europea de 2013 traspuesta en 2017 la que obligaba a su creación.

La iniciativa ha pasado por los cajones de los tres últimos ministros del ramo (Luis de Guindos, Román Escolano y Nadia Calviño). El exministro Escolano llegó, incluso, a someter un texto a consulta pública, pero la tramitación (al igual que su cargo al frente la cartera económica) se frustró por la moción de censura de junio de 2018.

[La Autoridad del Cliente Financiero extiende su ámbito a las 'cripto' y las 'fintech']

Ya en manos de Calviño, el texto ha tardado casi toda la legislatura en convertirse en realidad. Tras la fase de audiencia pública que pasó el texto hace un año, desde Economía recopilaron las inquietudes de los distintos implicados para dar luz verde a un proyecto en el que se incluyeron varias modificaciones.

Una vez que Economía recibió el informe del Consejo de Estado, el texto fue aprobado en Consejo de Ministros en noviembre, tras lo cual ha pasado durante seis meses el trámite parlamentario, con la incorporación de varias enmiendas.

Ahora el proyecto de ley deberá ser recibido en el Senado, donde los grupos parlamentarios podrán añadir sus propias enmiendas. Sin embargo, si nada se corrige, la Autoridad echará a andar en breve.