El giro inesperado que ha dado Pedro Sánchez al tablero político con la convocatoria anticipada de elecciones va a hacer que la banca gane una de las batallas que daba por perdida. La disolución de las Cortes este mismo martes provoca que, justo en el último paso, la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero vuelva a no ponerse en marcha.
Tras más de cinco años, tres legislaturas y tres ministros de Economía parecía que, esta vez sí, la nueva autoridad que aunaría la gestión de las reclamaciones de los clientes financieros iba a ponerse en marcha.
Pero, de nuevo, como ya ocurriera en 2018, una decisión política ha dado al traste con el trabajo del propio Gobierno y del Congreso, que había logrado acordar un texto definitivo.
Hace apenas doce días la Cámara Baja dio luz verde a este proyecto de ley, cuyo objetivo principal era la puesta en marcha de esta autoridad, en la que empezó a trabajar como ministro Luis de Guindos. Un proyecto que nace de una directiva europea de 2013 que fue traspuesta en 2017.
El proyecto se encontraba hasta ahora en el Senado, que debía darle también su visto bueno o, en caso contrario, introducir las enmiendas que considerara pertinentes. Este mismo jueves, 1 de junio, la ponencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital tenía previsto reunirse para comenzar el proceso de aprobación. Una agenda que queda en nada tras la disolución de las Cortes.
Tasa y castigo
Inconscientemente, el adelanto electoral decidido por el presidente del Gobierno va a dar al traste con una de las leyes estrella de Asuntos Económicos, lo cual beneficia a los bancos, que se habían mostrado muy en contra de esta autoridad.
"No nos gusta cómo está configurada esta autoridad (...). Al tener una tasa que pagan las entidades pase lo que pase, si se le da la razón al cliente o a la entidad, genera un incentivo para reclamar y eso lleva a mucha litigiosidad, que es justo lo que pretende evitar la autoridad", apuntó Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, durante el Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia.
Y es que esta autoridad se pretendía financiar a través de una tasa impuesta a los bancos. En principio iba a ser de 250 euros por reclamación, si bien tras su paso por el Gobierno el texto introduce un sistema de financiación por el que cada entidad deberá aportar en función del número de procesos ganados o perdidos.
Además, el proyecto de ley incorporaba, como informó este periódico, un castigo de hasta 1.000 euros para los clientes que reclamen "de mala fe" o que lo hagan reiteradamente sobre una cuestión que ya se les ha rechazado.
También el Banco de España se había mostrado en contra de esta autoridad. Para el gobernador, Pablo Hernández de Cos, el temor era que esta figura aumentara la conflictividad de los clientes con la banca.
Como ya ocurriera en 2018, una decisión política da al traste con la puesta en marcha de esta autoridad. Entonces fue la moción de censura la que impidió al entonces ministro de Economía, Román Escolano, llevar a término su proyecto. Ahora la disolución de las Cortes impedirá que se ponga en marcha justo cuando estaba a punto de hacerlo.