Los negociadores de la Eurocámara y la presidencia sueca de la UE han alcanzado este martes un acuerdo final sobre la revisión de las normas bancarias de la UE, cuyo objetivo es reforzar la resistencia de las entidades ante futuras crisis. El pacto todavía tiene que ser ratificado tanto por el pleno del Parlamento Europeo como por los Gobiernos de los Veintisiete.
La reforma pretende completar la aplicación en Europa del acuerdo internacional Basilea III (que se cerró en 2010 en respuesta a la gran crisis financiera), pero teniendo en cuenta las condiciones concretas del sector bancario de la UE e introduciendo algunas especificidades europeas. Además, introduce una nueva disposición que obligará a las entidades a desvelar su exposición a criptoactivos.
Para dar tiempo a los bancos a adaptarse, las nuevas reglas no empezarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2025 (frente al 1 de enero de 2023 que pedía el comité de Basilea) y además incorporan largos periodos de transición. La reforma prevé además una mayor flexibilidad para las entidades pequeñas y no complejas.
"Los acontecimientos recientes en el sector bancario a nivel mundial confirman la importancia de una supervisión sólida y una regulación prudencial sólida. Con este acuerdo, la UE es la primera jurisdicción del mundo en implementar los elementos finales del acuerdo de Basilea III", ha dicho la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness.
La principal novedad de las nuevas reglas es que limitarán el uso por parte de los bancos europeos de modelos internos propios a la hora de calcular sus requisitos de capital. Se trata de introducir un "suelo mínimo" de capital, uno de los pilares centrales de la reforma de Basilea III.
En segundo lugar, las normas obligarán a los bancos a identificar, divulgar y gestionar sistemáticamente los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Por ejemplo, con test de estrés al cambio climático periódicos tanto por parte de los supervisores como de los bancos.
La reforma da más poderes a los supervisores para que evalúen si el personal directivo de los bancos posee las competencias y los conocimientos necesarios para gestionar un banco. Y establece periodos de incompatibilidad para el personal y los miembros de los órganos de gobierno de las autoridades competentes antes de que puedan asumir cargos en entidades supervisadas.
Finalmente, las nuevas reglas establecen un marco para el acceso a los mercados de la UE de los bancos extracomunitarios. Las entidades de crédito de terceros países deberán establecer una sucursal en la UE y solicitar autorización para operar en Europa.
El eurodiputado del PSOE Jonás Fernández, que ha sido el ponente de la Eurocámara en las negociaciones, asegura que la reforma "fortalecerá el sistema bancario de la UE, haciéndolo más resistente a posibles crisis futuras y adaptándolo a los objetivos climáticos de la Unión".