Carlos Torres dice al juez que no conoció los encargos del BBVA a Villarejo "hasta junio o julio de 2018"
El actual presidente de la entidad financiera ha achacado a una decisión de los investigadores externos contratados por el banco que su nombre no salga en el 'forensic'.
16 octubre, 2023 14:05El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha asegurado ante el juez que no fue "hasta junio o julio" de 2018 cuando supo de los encargos del banco al excomisario de Policía José Manuel Villarejo y que ahora se investigan judicialmente.
Así se ha pronunciado este lunes durante su interrogatorio como testigo en la Audiencia Nacional, después de ser citado por el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón.
Según ha relatado el directivo, sí recibió un correo electrónico en mayo de ese año sobre una publicación en prensa que informaba de los negocios del excomisario con la entidad financiera.
Ahora bien, de acuerdo con lo que ha declarado este lunes ante el juez, no lo leyó y no fue hasta mitad de 2018 cuando tuvo constancia del asunto.
Excel con los pagos
Según detallan fuentes presentes en el interrogatorio a EL ESPAÑOL-Invertia, Torres ha indicado al juez que en octubre de 2018 se celebró una reunión en la que se mostró un Excel con los pagos al comisario. Pero no fue hasta enero de 2019, tras otra publicación en un portal digital, cuando toma constancia de la gravedad real de la situación. Es en esas fechas cuando se celebra una reunión de urgencia de la que no se toma acta, ha sostenido.
En esta pieza (la número 9) de las decenas que componen la macrocausa conocida como caso Villarejo, el magistrado investiga el encargo encomendado al excomisario de Policía José Manuel Villarejo para espiar, supuestamente, a Luis Del Rivero.
El objetivo habría sido el de frenar el intento por hacerse con el control del BBVA que Sacyr llevó a cabo entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, cuando Francisco González era presidente de la entidad.
Otro de los puntos centrales de la declaración de Torres ha sido el famoso forensic elaborado tras conocerse públicamente los pagos al excomisario. El directivo ha asegurado ante el juez que, pese a que la auditoría interna le requirió e-mails y otros datos, su nombre no aparece en la versión final del informe debido a una decisión de los investigadores externos que fueron contratados para elaborarlo. "Una decisión propia de quienes han llevado la investigación interna", ha indicado. "Yo no tuve nada que ver ni participé ni di ninguna instrucción y se aplicó una metodología forense por los externos, tal como explica el banco en su propia web", ha señalado.
Sin embargo, sí ha declarado que, como presidente del BBVA, ha ordenado una "colaboración total" del banco con la Audiencia Nacional en el marco de esta causa judicial.
La investigación
El magistrado García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción y citó a Torres como testigo para este lunes.
"Es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal [del BBVA]", señaló en el auto en el que citó al presidente de la entidad financiera.
El juez explicó que la declaración de Torres se acordaba después de que no hubiera sido posible recabar la declaración de María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica del banco y la persona que reportaba al comité de Assurance lo que se iba realizando en la entidad, ya que "se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia".
Fuentes del BBVA señalaron que su declaración como testigo vulneraría su obligación de secreto profesional. A una consulta de María Jesús Arribas al Colegio de Abogados, la respuesta fue nítida: "La consultante se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad".
Por ello, el juez indicó que era "preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma".