Así lo trasladan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL. El juez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha tomado esta decisión después de que la Sala de lo Penal pusiese fin a la investigación de esta pieza, la número 9 de las decenas que componen el caso Villarejo.

En esta rama de la investigación, el Juzgado ha indagado en los encargos que BBVA, entonces presidida por el hoy imputado Francisco González (FG), encomendó a Villarejo, para que éste espiase a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallermoso, constructora que amenazaba con tomar el control accionarial del banco.

La decisión de la Sala de lo Penal de abreviar la instrucción también ha supuesto la anulación de la declaración testifical que prestó hace más de una semana el actual presidente del banco, Carlos Torres, ya que fue acordada dentro del plazo que el tribunal ahora ha dejado sin efecto.

Entre otros extremos, el directivo aseguró que no supo acerca de la contratación de Villarejo "hasta junio o julio de 2018".

Por ello, ahora, el juez García-Castellón ha optado por consultar el próximo viernes a la entidad si alguno de sus empleados podría ser interrogado. Entre ellos, se encuentra María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica del banco.

Antes de que Torres fuese citado, Arribas ya fue interrogada por el juez y guardó silencio. Fuentes del BBVA señalaron entonces a este periódico que su declaración como testigo vulneraría su obligación de secreto profesional. A una consulta de María Jesús Arribas al Colegio de Abogados, la respuesta fue nítida: "La consultante se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad".

Si el BBVA dispensa a Arribas, sí podrá responder próximamente ante el juez, lo que no parece probable. Será el banco el que tenga que aclarar este viernes ésa y otras cuestiones relativas a otros empleados.